El diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Leonardo Grosso, anticipó que “se impulsarán medidas institucionales de gravedad contra los funcionarios judiciales que firmen la libertad de los genocidas, y los responsables políticos del Gobierno”.

En la víspera de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el legislador del Movimiento Evita afirmó: “Haremos lo que haya que hacer para que los militares asesinos no vuelvan a ver la luz del sol, porque un país que no garantiza justicia con crímenes de lesa humanidad pone en peligro su sistema democrático”.

Además, consideró que “la instalación de la doctrina Chocobar ya lleva dos años, donde primero disparan y después, a veces, preguntan; y ese accionar no nos trae los mejores recuerdos justamente en esta fecha. Nosotros decimos que esa doctrina es una pena de muerte encubierta que además protege más a la propiedad privada que a la vida de una persona”.

“Vivimos en un país que está todo dado vuelta, el Gobierno que quiere que la policía primero dispare y después se inicie el proceso judicial; el Poder Judicial dispuesto a liberar genocidas mientras que en el país se siguen acumulando los presos políticos”, concluyó.