El vicepresidente tercero de la Legislatura porteña y diptuado del PS, Roy Cortina pidió crear al 50% del importe anual a abonar en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) sobre el inmueble correspondiente. Asimismo el monto del impuesto se incrementará progresivamente en un 100% cada dos años transcurridos sin que se modifique la situación de ociosidad.

Con esta medida se busca “consolidar la función social de la propiedad y promover el uso equitativo del suelo urbano a efectos de resolver progresivamente el déficit habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna”.

Dicho impuesto se aplicará a los inmuebles que, encontrándose aptos para ser utilizados como vivienda, permanezcan deshabitados por más de doce meses consecutivos, sin mediar una causa justificada. De esta manera, la norma contempla como causa justificada el hecho de que “el inmueble se encuentre en construcción, esté sujeto a un proceso judicial o el/a titular, tratándose de su única propiedad, se haya trasladado temporalmente por razones laborales, académicas o sanitarias, acreditadas de manera fehaciente”.

Por otra parte, la propuesta busca incentivar los alquileres dentro del distrito capitalino. Es por ello que a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se establecerá una línea de subsidios y créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción inmuebles deshabitados, cuyos titulares acepten incorporarlos al mercado formal de alquileres; finalizadas las obras, el inmueble pasa a integrar por un plazo de tres años, el programa de alquiler social que la misma implementa a efectos de favorecer el ingreso a ese mercado de sectores sociales tradicionalmente excluidos.

Además, los titulares de viviendas que, al margen de cualquier beneficio de la autoridad de aplicación, decidan incorporar su inmueble al programa de alquiler social, se les reconoce un descuento del 20% en el ABL.

En los fundamentos de la medida, Cortina explicó que el origen de la propuesta se debe a que “el aumento del precio de los inmuebles, las dificultades para ingresar a programas de crédito hipotecario y los obstáculos para alquilar una vivienda de manera regular, hicieron que paradójicamente, la existencia de una mayor disponibilidad de viviendas en la Ciudad no se viera reflejada en una reducción de los graves problemas habitacionales que seguimos atravesando” y señaló que “de acuerdo a los datos censales, entre 2001 y 2010, la población porteña aumentó solamente un 4,1% que representa poco más de 114.000 personas, de las cuales 56.000 se incorporaron a villas de emergencia y asentamientos precarios; según estimaciones oficiales, hoy reúnen alrededor de 275.000 habitantes, casi un 10% del total de la Ciudad”.

“En la misma dirección, con el tiempo se ha ido incrementando el número de porteños empujados al mercado formal e informal de alquileres, de acuerdo a las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, los inquilinos constituyen actualmente el 35,7% del total contra el 27,7% que representaban en 2006 y el 22,1% que representaban en 1991”, precisó.