Con una intervención cultural en las puertas de los Tribunales Federales de Comodoro Py, referentes políticos y sociales jóvenes exigieron a la Justicia el cumplimiento efectivo de las condenas y la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

“Desde la llegada de Cambiemos un grupo de jueces y operadores judiciales está desacelerando los juicios a militares y civiles responsables de los crímenes perpetrados durante la última dictadura”, denunciaron durante la actividad los diputados nacionales Leonardo Grosso y Lucila De Ponti, los referentes de Ahora Buenos Aires, Itai Hagman, Jonathan Thea y Victoria Freire; y la excandidata a concejal de Lanus Ayelen Lemos.

“Además, el Gobierno nacional promueve la reconciliación con el aval de los sectores económicos que, por ese entonces, fueron beneficiados por los gobiernos de facto”, completaron.

En un documento titulado Sin Justicia no hay Democracia emitido en conjunto, explicaron: “Hace algunos años la Argentina discutía y planteaba la necesidad de ir a fondo con los juicios a los represores y avanzar con el juzgamiento de los participes civiles que fueron actores fundamentales en el plan de persecución y exterminio desarrollado por las Fuerzas Armadas, hoy estamos planteando que no queden en libertad los genocidas condenados, lo cual es claramente un retroceso en materia de derechos humanos”.

“Impulsado por el gobierno y un sector del poder judicial, y con el antecedente del fallo del 2×1, se vuelve exponencial el crecimiento de las prisiones domiciliarias para represores con fundamentos cuestionables como la edad o leves problemas de salud”, finalizaron.