En medio del debate por el aborto legal, el senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para legalizar el alquiler de vientres en Argentina.

El proyecto de “gestación por sustitución” consiste en la posibilidad de tener un hijo en un vientre prestado por otra persona (denominada “gestante”), lo que abre la posibilidad de ser padres y madres a personas solas, parejas del mismo sexo y parejas con alguna patología existente.

La iniciativa establece los requisitos tanto para los gestantes como para los comitente/s, quienes deben ser “plenamente capaces” y prestar su consentimiento previo. Además, en caso que no fueran argentinos, tendrán que tener una residencia de cinco años en el país.

Ambas partes tendrán derecho a contar con asesoramiento médico-legal y se estipula la creación de un Registro Nacional de Gestantes por Sustitución.

El proyecto indica además que la mujer gestante debe haber dado a luz, al menos, un hijo propio, no puede haberse sometido al procedimiento de gestación más de dos veces y puede tener hasta 40 años de edad.

Otro de los puntos centrales es que un juez debe dar la autorización para la gestación por sustitución e intervendrá en caso de conflicto; y que se incorporan sanciones en elCódigo Penal para quienes lucren con esta práctica.

También se establece el derecho a licencia médica para la gestantes, antes y después del parto, y para uno de los comitentes después del nacimiento; y se fija que los gastos deberán ser afrontados por la obra social de los comitentes, es decir los padres y madres legales.

En los fundamentos, Cobos afirmó que “resulta vital legislar sobre la gestación por sustitución” ya que esta práctica “está ocupando un papel cada vez más transcendente en nuesta sociedad como una alternativa de acceso a la condición de ser padre o madre, de aquellas peronas que quieren formar una familia, tienen el anhelo y no pueden hacrlo por imposibilidad de gestar y/o de llevar a término un embarazo, ya sea por razones de salud como puede ser la infertilidad, o por razones de orientación sexual, identidad de género o sexo”.

El exvicepresidente explicó que “la gestación por sustitución es el procedimiento por el cual una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja, debido a la imposibilidad de alguna de ellas de llevar por sí ese embarazo y con ello el sueño de formar una familia. Las alternativas para estas familias que hoy contempla el Código Civil son la adopción o la reproducción humana asistida, dirigida a parejas que no pueden tener hijos pero condicionado a que alguno de los integrantes lleve adelante el embarazo. Queremos ampliar las posibilidades con el fin de dar oportunidades a las personas que quieren tener hijos y no pueden”.

“Este vacío legal resulta discriminatorio para casos que, ya sea por algún tipo de patología preexistente o porque se trate de parejas de igual sexo -en especial de sexo masculino- no pueden llevar adelante el embarazo. La normativa vigente es escasa o nula, limitando a cientos de parejas que quieren tener hijos u obligándolas a buscar soluciones en el extranjero. El Estado debe brindar esas posibilidades y garantizar la igualdad y equidad para todos los integrantes de la sociedad; contemplando especialmente el interés superior del niño y el derecho personalísimo a su identidad”, expresó el senador en un comunicado.

Además, el mendocino destacó que “al no estar regulado este procedimiento, se presenta la situación en la que terceros actúan como intermediarios y se aprovechan de las necesidades de ambas partes. De aquí que contemplamos establecer penas de hasta seis años de prisión para este tipo de acciones fraudulentas”.

Por último, Cobos manifestó que “es necesario fijar pautas para que se pueda llevar a cabo la gestación por sustitución. En la práctica se realiza -ya que no está prohibido- pero con pocas o nulas garantías legales para la gestante que participa, para los padres que esperan cada día la llegada de su hijo y en especial para ese niño por nacer. Esto se ve en la jurisprudencia a través de distintos fallos que son lo que terminan por resolver esta controversia en forma particular y conforme a la discrecionalidad y buen criterio del juez. Esperamos contar con el acompañamiento y la aprobación de los demás legisladores y hacer realidad esta ampliación de derechos para muchos ciudadanos que buscan construir una familia”.