El diputado de Cambiemos propone que aquellos gremios que no cumplan con la ley pierdan el control de las obras sociales. Además, la iniciativa establece el mandato de cuatro años.
El diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) presentó un proyecto de ley de “Democratización de las Asociaciones Sindicales”, exigiendo que respeten los “principios democráticos rectores de la República Argentina”.
El proyecto, que también lleva las firmas de los diputados oficialistas Héctor “Toty” Flores, Luis Petri, Graciela Ocaña, Carla Piccolomini, Eduardo Cáceres, Julio Sahad y Karina Molina, obligará a los sindicatos a realizar procesos electorales “libres, periódicos, directos, democráticos, abiertos, competitivos y transparentes”.
La iniciativa establece que las asociaciones que no cumplan con los requisitos de la ley perderán el control de las obras sociales, que pasarán a la órbita del Ministerio de Salud.
Con esta propuesta, los líderes sindicales durarán en sus cargos cuatro años -con una sola reelección consecutiva- y pasarán a ser “Personas Políticamente Expuestas”, por lo que deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales todos los años, y les estará vedada cualquier actividad empresarial.
Además, en los gremios se deberá respetar las minorías en las comisiones directivas y el principio de un hombre-un voto, por lo que todas las elecciones serán directas y no indirectas como hasta ahora. El secretario general de la CGT, por ejemplo, deberá ser elegido entonces por el voto de todos los trabajadores del país.
“La Argentina es una república democrática, pero sus sindicatos no lo son. Por eso decidí presentar este proyecto de ley: para que los trabajadores tengan verdaderos representantes, y para que los sindicatos representen los intereses de los trabajadores y no los de los sindicalistas. En definitiva, para que haya democracia en los sindicatos y en la CGT”, expresó Iglesias.
La normativa propuesta no pretende obstaculizar “la necesaria independencia que debe existir entre las organizaciones sindicales y el Estado”, por lo que aquellos sindicatos que no cumplan con esta ley “conservarán su existencia jurídica y su capacidad de representación sindical”. Sin embargo, “no podrán continuar controlando las obras sociales, cuyos fondos provienen del salario de los trabajadores”.
