Imputado en una causa por desvío de fondos por $24 millones en ejercicio de su mandato, en favor de su cuñado Juan Pablo Aguilera. La decisión del juez deja al legislador provincial a un paso del inicio del juicio oral.
El juez de Garantías N°2 de Paraná, Eduardo Ruhl, rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por los abogados del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado provincial Sergio Urribarri, imputado en una causa por desvío de fondos por $24 millones de pesos en ejercicio de su mandato, en favor de su cuñado Juan Pablo Aguilera.
Urribarri, que hoy preside la Cámara de Diputados en Entre Ríos, es investigado por la contratación irregular de publicidad a partir de una denuncia que hizo en 2013 el exdiputado nacional, el radical Jorge D°Agostino, que ahora preside el Comité Nacional contra la Tortura.
La decisión del juez, dada a conocer este mediodía, deja a Urribarri y a otros dos imputados, entre los que se cuenta el exministro de Comunicación y también diputado provincial Pedro Baez y a Aguilera a un paso del inicio del juicio oral.
La posición del juez Ruhl responde al planteo que hizo la defensa de Urribarri, Baez y Aguilera, según la cual la causa que se investiga ya fue juzgada por los organismos de contralor de la provincia, por lo que no debería intervenir la Justiciapara llevar adelante una investigación penal.
Los tres están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el desvío de 24.204.918,69 pesos, y los fiscales adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión a cada uno.
En su denuncia, D’Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo exdueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos.
La causa comenzó tras una denuncia que acusaba el uso de excepción y el pago previo, antes de la cotización, para publicidad, “violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos -los pagos- fueron de mayor valor”.
