La polémica generada en torno al sistema de pasajes de los legisladores y el canje de los mismos por dinero todavía no se ha apagado, pero conviene recordar que se inició a raíz de un informe elaborado por la Fundación Directorio Legislativo, a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que les permitió acceder a los datos que dieron pie a un meduloso trabajo que reveló nombres y desató las reacciones conocidas.

A partir de las repercusiones de ese trabajo, esa institución estimó que la discusión pública que se está dando hoy en torno al tema necesita de algunas aclaraciones. Puntualizó en este contexto que los pasajes son una herramienta fundamental para que los legisladores cumplan con sus tareas de representación. Sin embargo, a juicio de Directorio Legislativo el proceso bajo el cual se utilizan los mismos debe ser formal y transparente y en ese sentido sostiene que solicitar ese dinero para otros gastos, así como también el mal uso de los propios pasajes, atenta contra su objetivo último.

“El mecanismo tal cual existe hoy habilita todo tipo de abusos a fondos públicos: genera sobresueldos; reproduce prácticas clientelares de la clase política argentina; destina dinero del Estado a campañas políticas y da lugar a otro tipo de actividades fraudulentas que hay que frenar”, puntualiza la fundación, que agrega que “el problema no es la existencia de los pasajes, el problema es cuando ese dinero público que debería estar destinado para fines representativos y puramente parlamentarios, se convierte en una caja negra”.

Considera esa institución que se está frente a una oportunidad histórica para cambiar prácticas que ponen en duda la legitimidad de las instituciones de gobierno. Y si esa oportunidad no es aprovechada, lo más probable es que continúe la falta de transparencia y una mala utilización fondos públicos.

Frente a la posibilidad de que las autoridades de la Cámara modifiquen este funcionamiento, Directorio Legislativo llamó a todos los bloques políticos para construir un sistema formal, transparente y adaptable a las tareas de representación que cada diputado ejerce, en la convicción de que el cambio en el sistema debe asegurar la equidad entre los legisladores, la transparencia del proceso y la eficiencia en manejo de los recursos publica que administra cada una de las cámaras.

“Lo que no podemos permitir es que ese dinero que no se usa y que es del Estado, termine en el bolsillo del legislador sin rendición de cuentas alguna”, concluye el comunicado de Directorio Legislativo.