Así lo resolvió el juez federal Sergio Torres. El diputado radical K está acusado de “incitación a la discriminación” por las declaraciones formuladas sobre su par de Cambiemos.
El juez federal Sergio Torres procesó al diputado nacional Leopoldo Moreau (FpV-PJ) por el delito de “incitación a la discriminación”, a raíz de una denuncia efectuada por el también legislador nacional Waldo Wolff (Pro). Además, se le trabó un embargo de 15 mil pesos.
En el fallo, el magistrado le atribuye al radical K “haber incurrido en un acto de carácter público con que se alentara o incitara a la persecución u odio de los miembros de la comunidad judía argentina, y en lo específico, del diputado Waldo Wolff, a causa de sus creencias religiosas”.
El hecho tiene su origen en el pasado 2 de noviembre cuando, el el programa televisivo Minuto Uno del canal C5N, Moreau expresó: “Ahora están haciendo una sobreactuación, a través de Wolff y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación”.
Para el juez, Moreau llama “agente del Mossad” a Wolff “sin dar ningún argumento que sostenga sus dichos, más allá del mero hecho de practicar la religión judía”.
“Previo a expedirme sobre el fondo del asunto, corresponde abarcar la cuestión constitucional traída a estudio por Leopoldo Moreau, quien, en definitiva, manifestó que mediante la citación a prestar declaración indagatoria se estaba violando el artículo 68 de la Constitución Nacional; articulado a través del artículo 5 de la ley 25.230. Dicho artículo establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”, señaló Torres.
Sin embargo, aclaró que “la inmunidad mencionada no prosperará en el presente caso porque no hay una conexidad entre los dichos de Leopoldo Moreau y su tarea como Diputado de la Nación; las manifestaciones no fueron una opinión o un discurso; el artículo 68 de la carta magna debe compatibilizarse con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; los funcionarios no pueden ampararse en el artículo 68 de la Constitución Nacional para cometer delitos a través de sus declaraciones y; en la presente causa no se solicitó el desafuero de Moreau en los términos del artículo 5º de la ley 25.230, sino que se lo citó a ejercer su derecho de defensa”.
