Proyecto Sur y el senador Fernando “Pino” Solanas manifestaron su repudio a la situación que vive el expresidente de Brasil, Lula Da Silva, con quien se solidarizaron y emitieron un documento en el que advierten sobre la “restauración conservadora y reaccionaria en América Latina, con golpes blancos, mediáticos y ahora jurídicos que reemplazan el rol de los viejos golpes militares para voltear gobiernos y perseguir a líderes populares”.

Señala el senador que “Lula Da Silva se ha convertido en el primer expresidente preso en Brasil después de la dictadura militar y su situación marcará un antes y un después en la vida política de Sudamérica”.

“Los intereses del golpe son claros: hacer retroceder a Brasil varias décadas en materia de derechos y conquistas sociales de las clases populares y reducir su capacidad de decisión soberana en el plano internacional”, agrega el documento que considera que hoy Brasil es “un Estado de derecho disfuncional. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue diseñado para quitarle el poder a un Gobierno en tiempos de crisis económica que requería, medidas ortodoxas, según los defensores del liberalismo económico”.

Puntualiza el documento que la acusación de que Rousseff, a quien destacan como uno de los pocos políticos que no se ha visto involucrado en la investigación Lava Jato, había ocultado un déficit fiscal, “era claramente un pretexto”.

“Y esa disfuncionalidad se hace más evidente cuando se analiza la situación del actual presidente de Brasil Michel Temer. Porque, aunque la investigación de Moro y los otros jueces sobre la megacorrupción en Brasil implicaron al mismísimo Temer, el Congreso en Brasilia ha hecho lo necesario para evitar que sea inculpado”, puntualizan Proyecto Sur y el senador Solanas, que hacen referencia también a la bravata del general Eduardo Villas Boas, que consideran una “evidente amenaza” de golpe militar.

El documento resalta el papel de Lula al frente del Brasil y concluye reclamando que “necesitamos democratizar la justicia de nuestros países y desinfectarla de jueces corruptos para que exista Estado de Derecho independiente que no pueda ser envenenando por los poderes económicos y mediáticos y la redes mafiosas”.

“Estados Unidos quiere producir una derrota estratégica de los pueblos latinoamericanos y por eso no es extraño escuchar al embajador de los Estados Unidos Edward Prado en la Argentina manifestar su intención ‘de trabajar con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial’”, remata el documento.