La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexel, junto a su par Miguel Pichetto, formalizó el pedido para prorrogar la declaración de emergencia que beneficia a los actores de la fruticultura, que permite postergar obligaciones previsionales y fiscales.

La legisladora argumenta que entre la fecha límite que puso la AFIP para que los interesados soliciten en su provincia la declaración jurada que los acredite como integrantes de la cadena frutícola, que es el este 30 de abril, y la finalización de la emergencia, que opera este 31 de mayo, “hay apenas 30 días para hacer el pedido formal para evitar el pago de las obligaciones tributarias contempladas en la Ley original”.

En este sentido, señala que las facilidades de pago podrían ser “de difícil implementación por parte de los sujetos beneficiados dada la exigüidad de los plazos”.

Asimismo en los argumentos del proyecto Crexell destaca que “más allá de las medidas adoptadas, con su tardía implementación y en atención a que persiste la grave crisis del sector, resulta esencial solicitar al Poder Ejecutivo prorrogue la emergencia en los términos de la Ley N° 27.354 y sus modificatorias”.

Vale recordar que la AFIP reglamentó el régimen especial de prórroga para el pago de las obligaciones con vencimientos entre los días 4 de junio de 2017 y 31 de mayo de 2018, así como la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios de ejecución fiscal”, esto a partir de la Ley que en su momento Crexell impulsó junto a Pichetto y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

“Los beneficiarios de esta herramienta fiscal son todos los actores directos de la cadena de producción de peras y manzanas, como productores, empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores”, aclaró Crexell.

Sobre el contexto de crisis de la actividad, la senadora mencionó como elementos determinantes “el aumento de los costos, la pérdida de competitividad del sector y el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores nacionales”.

A eso se suma que la fruticultura de la región del Alto Valle “en los últimos años ha perdido terreno frente a competidores de otras zonas geográficas, como por ejemplo Chile”.

En cuanto al encuadre general que se tuvo en cuenta a la hora de sancionarse la Ley de emergencia, se destaca que “entre enero y agosto de 2017 las exportaciones de peras y manzanas totalizaron 317.000 toneladas, un 9,2% menos que en igual período de 2016, un 16% por debajo del nivel 2015 y alrededor de la mitad que las 634.000 toneladas de peras y manzanas exportadas entre enero y agosto del año 2011”.

Por último, la senadora advirtió que “de no declararse la prórroga de la actual emergencia, podría agudizarse la situación del sector, ante la imposibilidad de afrontar los compromisos fiscales y previsionales, los que de ser exigibles en el corto plazo, significarían el quebranto de numerosos productores y empresas con las consecuencias sociales que ello conlleva”.