En el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales avanzaron con alto nivel de consenso iniciativas sobre subrogancias, escuchas telefónicas y modificaciones al Código Procesal Penal.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen favorable este miércoles a tres iniciativas de relevancia, como son modificaciones al Código Procesal Penal, el proyecto de régimen de subrogancias y el proyecto de ley sobre las escuchas judiciales.
“El balance de la reunión de hoy ha sido positivo, hemos aprobado el dictamen de tres proyectos de ley muy importantes para la república, como es la reforma del Código Procesal Penal, la ley de las subrogancias, que significa una herramienta clara para el funcionamiento de los jueces y la Justicia y finalmente un tema de actualidad y muy necesario, como lo es proyecto de ley sobre las escuchas y cadenas de custodia”, señaló el presidente de la comisión, Pedro Guastavino (Justicialista-Entre Ríos).
El legislador destacó que “hemos llegado a altos niveles de consenso en estos temas y esperamos aprobarlos por unanimidad en la próxima sesión”.
El primer dictamen en ser debatido fue el que establece modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación, que había sido acordado por los integrantes de la Comisión de Justicia en la reunión previa.
La iniciativa establece el ensamble de nueve leyes aprobadas por el Congreso, que impactan directamente en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado en 2014 y que aún no ha sido implementado.
Estas leyes que han tenido importantes debates en el seno de la Comisión de Justicia y que después han sido aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados, necesitaron del trabajo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que elaboró un documento con recomendaciones para el ensamble de estas leyes con el nuevo código.
Alguna de las nueve leyes son la Ley de Flagrancia, Ley del Arrepentido, Ley de Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y Ley de Ejecución de la Pena, entre otras.
El senador salteño Rodolfo Urtubey señaló que “se trata de normas que introducen cuestiones procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal”, razón por la cual “hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto”.
En segundo término, los legisladores dieron dictamen favorable por unanimidad al proyecto de ley que establece el régimen de subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, que viene en revisión de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta en 2017.
El proyecto plantea que, frente a una vacante en un tribunal, la Cámara Federal o Nacional de la jurisdicción que corresponda, deberá cubrir el cargo con un juez subrogante elegido por sorteo público. En el caso de que la vacante se produzca en juzgados de primera instancia y tribunales orales, se privilegiará la elección de un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.
De no ser posible cubrir transitoriamente la vacante con magistrados de igual grado y competencia, se habilita designar a un conjuez que figure en una lista de conjueces previamente seleccionada por el Consejo de la Magistratura y aprobada por el Senado.
En caso de ser aprobada esta ley, ya no será el Consejo de la Magistratura el que elija a los subrogantes como establecía la Ley 27.145, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Escuchas telefónicas
Por último, el debate se centró en el proyecto de ley de Intervención de Comunicaciones y Cadenas de Custodia, que lleva la firma de los legisladores Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola y Pedro Guastavino.
Este proyecto toma mayor relevancia en el contexto actual de filtraciones de escuchas judiciales en los medios masivos de comunicación, a lo que el Senado busca dar una solución.
“Esta norma apunta al castigo y la sanción en la cadena de custodia, cuando la justicia ordena una escucha y se produzca una filtración. Apunta a la sanción severa en el ambito administrativo en la cadena de custodia como también establecer la responsabilidad, llegado el caso, en las actuaciones del juzgado que ordena la escucha”, puntualizó Guastavino.
La iniciativa responsabiliza tanto a los funcionarios judiciales como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Por otra parte se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.
Las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para realizar las intervenciones deben atenerse a su vez a una serie de obligaciones.
Las escuchas no podrán extenderse por más de 30 días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.
