La abogada y exdiputada nacional resaltó que sancionar a la mujer que aborta es “considerar que no es un sujeto de derecho sino una cosa”.
La exdiputada nacional María Elena Barbagelata defendió hoy el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ante el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud Cámara de Diputados, donde sostuvo que “penalizar el aborto vulnera los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad”.
Barbagelata, que entre 2012 y 2014 integró la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal, subrayó que la penalización de la IVE también “atenta contra los derechos a la salud, a atención médica adecuada, a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la privacidad, a la autodeterminación, a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos, a la libertad de conciencia y religión, y a verse libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En su ponencia, la abogada y dirigente socialista puntualizó que “tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) desde 1996 han recomendado que se revise la legislación criminalizadora del aborto para evitar muertes de mujeres o daños permanentes en su salud”.
Barbagelata consideró que “el legislador no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especie humana”.
“Penalizar la interrupción voluntaria del embarazo implica considerar que la mujer no es un sujeto de derecho sino una cosa. Que no puede decidir sobre su cuerpo, no tiene libertad ni dignidad como ser humano”, insistió la exdirectora general de la mujer de la Ciudad.
Además, señaló que “las mujeres que viven en la pobreza se ven doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser pobres”, dado que “sobre ellas recae el mayor impacto de la mortalidad y morbilidad maternas”.
La exlegisladora apuntó que “la figura penal opera como una amenaza que sólo fortalece el circuito económico de las prácticas clandestinas de salud y de la comercialización irregular y monopólica de los medicamentos, como sucede con el misoprostol” -cabe recordar que Barbagelata presentó en 2017 una denuncia ante el INADI por discriminación a la mujer en el precio exorbitante de esta droga-.
La dirigente observó que “existen disponibles otros recursos más idóneos para evitar los abortos, que son medidas por fuera del derecho penal: medidas de seguridad social y de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sexual”.
“Nadie está a favor del aborto, pero queremos discutir otras soluciones. Propiciamos un debate serio, que encauce la cuestión fuera del derecho penal y dentro del derecho a la salud, con un enfoque de los derechos humanos con perspectiva de género”, concluyó Barbagelata ante los diputados.
