En las últimas semanas la necesidad de legislar en torno a la interrupción voluntaria del embarazo se instaló en la agenda pública. El responsable de esta primera victoria no es otro que el movimiento de mujeres que hace décadas lucha por esta postergada demanda.

Vale aquí ratificar lo que venimos sosteniendo en los distintos foros: la del aborto es una cuestión de salud pública y de justicia social. Los datos con los que contamos lo ratifican: 500 mil abortos clandestinos por año, 80 mil mujeres hospitalizadas cada año y 46 mujeres pobres muertas solamente el año pasado, como resultado de las condiciones de inseguridad que constituye la ilegalidad.

Frente a la evidencia de la realidad y, sobre todo, frente a la movilización masiva y el sólido despliegue de argumentos del movimiento de mujeres desde hace años (lo cual le ha permitido construir un creciente consenso social al respecto), vuelven a aparecer propuestas disfrazadas de democráticas pero profunda y evidentemente reaccionarias.

Me refiero particularmente a un sector del oficialismo (Cambiemos) que impulsa, a través de los senadores radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas, una infame “consulta popular” sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente, lo que Naidenoff y Rozas quieren trasladarle a la sociedad es la responsabilidad del Estado sobre la vida y la salud de las mujeres de nuestro país.

¿Alguien imagina que un grupo de senadoras o diputadas impulse una “consulta popular” acerca de si el Estado debe proteger la vida y salud de los varones? ¿O si algún grupo religioso o étnico pretende plebiscitar el derecho a la vida y la salud de otro grupo? ¿Acaso a alguien puede resultarle racional que por ejemplo el conjunto del país decida plebiscitar el derecho a la vida y la salud de tal o cual provincia o región argentina? Por lo menos, suena disparatado. Pero para algunos sectores parece que lanzar una consulta popular sobre el derecho a la vida y la salud de las mujeres es algo normal que hacer.

De hecho, esta propuesta no sólo es absurda e insultante, sino que también es poco o nada original. Ya en el año 2010 cuando el Congreso debatía el matrimonio igualitario, los también senadores radicales Ramón Mestre y Roy Nikisch, presentaron una propuesta idéntica para plebiscitar el derecho de cientos de miles de argentinos y argentinas a contraer matrimonio civil. Por entonces la respuesta del movimiento LGBTIQ+ fue contundente: los derechos no se plebiscitan.

Frente a esta nueva burla, no cabe tampoco ser muy original. La respuesta es la misma: nuestras vidas no se plebiscitan.