La senadora nacional Silvina García Larraburu pidió informes al Ejecutivo nacional sobre los 60 despidos de personal del Servicio Nacional de Pensiones, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social y que, por decreto, se trasladó a la esfera de Presidencia de la Nación.

Subrayó “su preocupación” por el futuro de los trabajadores y sus familias, así como por el devenir de los beneficiarios, adultos mayores y discapacitados que mensualmente recibían sus retribuciones en estas dependencias. “Urge el cese del proceso de estigmatización del empleo público, sobre todo en áreas tan sensibles donde el rol de los trabajadores es un eslabón fundamental de la sociedad”, destacó.

Además, la legisladora advirtió que las notificaciones de los despidos “no se hicieron conforme al procedimiento de ley”, y que el personal recién tomó conocimiento de los ceses con la presencia de la policía que les impidió el acceso a las dependencias del área. “Lamentablemente el Gobierno ratifica su postura en contra del empleo público”, sostuvo.

Respecto al personal despedido, García Larraburu consideró que “se trata de agentes que trabajan a diario con el segmento de beneficiarios más vulnerables de la sociedad, quienes más allá de su avanzada edad, su discapacidad o el estado de soledad en que se encuentran, están siempre en los estamentos más pauperizados y desprotegidos económicamente”.

Finalmente, remarcó que según han denunciado los damnificados, esta medida complementa una “política de vaciamiento del sistema de pensiones. Existen centros de atención con alquileres impagos; han cerrado oficinas estratégicas; se tercerizó la liquidación de haberes y hay miles de trámites demorados, entre otros puntos”.