La iniciativa va en consonancia con la impulsada en la Cámara baja por Argentina Federal y el Frente Renovador, que prevé que los incrementos no superen los incrementos salariales.
Mientras en la Cámara de Diputados se desarrollaba la sesión en minoría en la que la oposición en su conjunto despotricaba contra los aumentos de tarifas, en el Senado Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pichetto confluían en el tema, aunque con iniciativas bien diversas. La exmandataria insistía con retrotraer todos los valores al 1 de enero de 2017, al tiempo que el interbloque Argentina Federal anticipaba la presentación de un proyecto más racional, que presentó este jueves.
La iniciativa a la que accedió parlamentario.com se denomina precisamente “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”, y consta de 17 artículos, divididos en cuatro títulos, que tiene por objeto proteger a los usuarios residenciales, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajos o empresas recuperadas, clubes de barrios y usuarios beneficiados por la tarifa social, estableciendo “pautas objetivas y complementarias” a las ya establecidas en cada uno de los regímenes de servicios públicos y transportes públicos.
La iniciativa retrotrae a los valores de noviembre de 2017 y establece que los aumentos no deben exceder el Coeficiente de Variación Salarial acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de la vigencia de la última actualización tarifaria, hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Esas tarifas tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, período durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.
Para el caso de las empresas y cooperativas comprendidas en el proyecto, se establece la caracterización de tarifas “justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de equidad distributiva” a aquellas cuyo aumento anual sea gradual, sustentable y no exceda el nivel general del IPC publicado por el INDEC, acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia.
Esas tarifas tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, durante los cuales no podrán ser actualizadas.
Las tarifas alcanzadas son las de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, y transporte público automotor y ferroviario, y aquellos que hubieran abonado a partir del 1 de noviembre pasado un monto mayor al establecido por la norma, por el valor del excedente se generará un crédito a favor del usuario computable al próximo período del consumo.
El proyecto del bloque Justicialista establece un Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicio Público, que fijará un cuadro tarifario diferencial para los servicios que alcanzará a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a tres salarios mínimos. También se incluye a los monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere tres veces el salario mínimo; empleados del servicio doméstico; beneficiados de pensiones no contributivas que no ganen más de tres salarios mínimos; beneficiarios de programas sociales nacionales, provinciales o municipales; usuarios que perciban seguro de desempleo; veteranos de guerra; discapacitados; pacientes cuyo tratamiento implique electrodependencia; clubes de barrio y de pueblo; entidades de bien público; centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas; entidades religiosas y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social. También se incluye a pequeños emprendimientos comerciales y de servicios.
Las excepciones alcanzarán a aquellos propietarios de más de un inmueble, a los que posean un vehículo de hasta 5 años de antigüedad -salvo discapacitados o electrodependientes-, y quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible al Impuesto a los Bienes Personales.
En materia impositiva, se exceptúa del pago del IVA a las ventas de gas, luz y agua para aquellos beneficiarios de la tarifa social. La alícuota del IVA será del 50% de la establecida por ley para los usuarios residenciales; también se incluye una modificación en el mismo sentido para micro, pequeñas y medianas empresas.
En los fundamentos, el proyecto señala que los aumentos representan “una realidad distinta a los fundamentos esgrimidos por el PEN” cuando los justifica, y sostiene que la prestadora de servicios durante esta gestión de gobierno “no solo incrementó sus ganancias y réditos de manera extraordinaria, sino que también los valores establecidos en las tarifas son de los más altos de la región”.
Si bien admiten los senadores la necesidad de un incremento tarifario, rechazan que el mismo haya incrementado “exponencialmente las ganancias de las empresas del sector”, tornando “impagables las facturas para una cantidad muy significativa de los hogares argentinos”. Sostiene el proyecto que el incremento del patrimonio empresarial no se ha visto reflejado en “mayores inversiones que repercutan en un mejor servicio a los usuarios”.
Se hace hincapié asimismo en la carga tributaria de las tarifas de servicios públicos, afirmando que “la situación amerita una reducción urgente de las tasas aplicadas a nivel nacional, provincial y municipal”.
“Nuestra propuesta también apunta a la consecución de tarifas de equilibrio, pero considerando incrementos graduales, sustentables y racionales”, señalan. Por eso prevén que los mismos se lleven a cabo “en forma proporcional al aumento de los ingresos de las familias”. Precisamente el proyecto va en consonancia con el presentado en Diputados por el interbloque Argentina Federal y el Frente Renovador, tal cual confirma el proyecto, que suscriben todos los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto, incluida Silvina García Larraburu, que este miércoles anunció su pase al bloque FpV-PJ.
