El diputado nacional José Luis Gioja presentará este jueves un proyecto de ley para prohibir que funcionarios públicos tengan cuentas en paraísos fiscales o participación en sociedades offshore, con el objetivo de “levantar la vara de la ética”.

“Este gobierno es de ricos y para ricos, y quiere seguir teniendo privilegios”, advirtió el sanjuanino en diálogo con parlamentario.com. El legislador enfatizó que en algunos países latinoamericanos existe tal prohibición y que, precisamente, “en Ecuador hicieron un plebiscito para prohibir que los funcionarios tengan vinculación de cualquier tipo” con guaridas fiscales.

El reciente desplazado presidente del PJ Nacional apunta al corazón de uno de los dolores de cabeza del Gobierno nacional y sostiene que “las offshore son para especular. Es plata negra, es donde va toda la plata más sucia”.

“En el mundo blanco de las finanzas, una offshore es mala palabra. Están diseñadas para evadir. Si todos se van para allá, ¿qué hacen los estados? La democracia se sustenta con recaudación de impuestos para poder generar una comodidad y autoridad con legitimidad”, continuó, en referencia a la característica propia de estas sociedades de tener beneficios tributarios.

Esperanzado en que su proyecto pueda ser tratado “lo más rápido posible”, Gioja remarcó que, por el escándalo de los Panamá Papers, “en Islandia se fue un presidente, en Reino Unido se fue un ministro”, en cambio “¡acá Macri los perdona! Dicen que es una caja fuerte”.

Miembro de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, que culminó en la última reunión con un escándalo, el diputado recordó que en su presentación, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, “estuvo absolutamente evasivo, con más ganas de irse que de responder”. Y, por otro lado, reclamó que “no se ha mandado ninguna información al Parlamento sobre la negociación con los fondos buitre”.

La iniciativa del dirigente peronista, en consonancia con la propuesta presentada por Cristina Kirchner en el Senado, incorpora como incompatibilidad al artículo 13 de la Ley de Ética Pública (25.188), ser propietario directo o indirecto de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, o de sociedades offshore. Indica que tampoco podrán los funcionarios ostentar de cargos directivos en estas firmas.

Se agrega además la definición de propietario indirecto cuando “el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder controlar la propiedad en cuestión; así como de utilizar, disfrutar, beneficiarse o disponer de la misma”. Y, también, se establece “presunción en contra” cuando haya familiares involucrados en estas sociedades.

Otro de los puntos centrales del texto es el que faculta a la Oficina Anticorrupción a confeccionar una lista de jurisdicciones clasificadas como paraísos fiscales.

El proyecto fue acompañado por sus pares del FpV-PJ Guillermo Carmona, Carlos Castagneto, María Emilia Soria, Mónica Macha, Daniela Castro y Ana María Llanos.