Un grupo de cinco organizaciones civiles formuló por escrito duros cuestionamientos a la reforma procesal penal que el Senado se disponía a aprobar este miércoles, por lo que finalmente el tratamiento del proyecto mentado por Rodolfo Urtubey (Justicialista) se pospuso para la próxima sesión.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) enviaron una nota a los senadores en la que manifestaron su “preocupación” por el dictamen que se firmó la semana pasada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Las entidades advirtieron que, aunque la supuesta intención del proyecto era incorporar al Código las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años vinculadas con el régimen procesal, en realidad se incorporaron “cuestiones que todavía no son ley y que no rigen en el régimen vigente”.

En este sentido, alertaron que ciertas modificaciones introducidas “amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal”.

“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de una investigación penal sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados”, observaron.

Agregaron que “es alarmante lo establecido por el proyecto de ley al permitir que el juez ordene, previa solicitud del agente fiscal, la vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”.

Las institucionales además señalaron que “la iniciativa habilitaría el uso de tecnologías sofisticadas de vigilancia, que en otros países han dado lugar a casos de espionaje masivo y sistemático”.

“De esta manera, dichas herramientas otorgan amplio margen para cometer abusos, si no se toman los recaudos necesarios o no se establece un órgano transparente e imparcial que se encargue de su utilización”, explicaron en la nota.

“Por otro lado -continuaron- el proyecto contiene varias disposiciones preocupantes, como la ausencia de un límite máximo para la duración de las medidas de vigilancia (con la única excepción de la medida de acceso remoto); la introducción de un concepto ambiguo como ‘delitos de especial gravedad’ que brinda discreción al juez competente para ordenar las medidas; la ausencia de notificación al investigado acerca de que está siendo o fue sometido a vigilancia, lo cual le impide el pleno ejercicio de un recurso efectivo bajo el principio del debido proceso; y la autorización para llevar a cabo medidas de vigilancia aunque tuvieren efectos inevitable sobre terceros, lo cual puede causar grandes afectaciones a personas que ni siquiera forman parte de la investigación”.

Otra de las objeciones es que “el proyecto propone el ingreso de un título nuevo, referido al Régimen Penal Juvenil, en el que se establece que las normas del proceso de adultos se aplicarán de manera supletoria al de jóvenes, siempre que armonicen con la normativa y estándares internacionales. Sin embargo, se trata de lo que se denomina en derecho de la niñez un ‘embuste de etiquetas’, habilitación de poder punitivo solapado e irregular”.

A modo de conclusión, las organizaciones sostuvieron que “se trata de una reforma sensible, en tanto afecta las garantías, que amerita una discusión amplia en el contexto de un debate parlamentario que se ajuste a la envergadura de los cambios propuestos y posibilite la participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil”.

“Esperamos que el Senado no apruebe el proyecto de este modo sino que se abra una discusión seria en las comisiones”, concluye el escrito.