El bloque Justicialista y el Frente Renovador encabezaron la firma de un dictamen al que también se sumó, en disidencia, el kirchnerismo. Buscan que las tarifas de luz y gas no puedan subir más que los salarios.
Con duras críticas al proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, la oposición se unió este martes y le propinó al Gobierno un primer golpe, con la firma de un dictamen unificado para ponerle un límite a los aumentos de tarifas, en la antesala de una nueva sesión especial para ejercer presión.
En un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, el bloque Justicialista y el Frente Renovador lograron avanzar con el proyecto presentado la semana pasada para que las tarifas de luz y gas no puedan subir más que los salarios, y que pymes, cooperativas y clubes de barrio tengan regímenes diferenciados.
El Frente para la Victoria-PJ también suscribió al dictamen, aunque en disidencia: el bloque liderado por Agustín Rossi propone retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas en 2018, para que “el esfuerzo este año lo haga el Gobierno y que no lo cargue siempre en cabeza de los argentinos”.
El despacho favorable también fue acompañado por el Movimiento Evita y el mendocino José Luis Ramón, del Partido Intransigente.
Para llegar al recinto, el texto avalado deberá superar el filtro de otras dos comisiones, las de Presupuesto y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas respectivamente por Luciano Laspina (Pro) y Alicia Terada (Coalición Cívica), quienes sorpresivamente no descartan convocar a una reunión conjunta la semana que viene.
“Se suponía que íbamos a tener brotes verdes que se iban a transformar en una planta. No pasó. La gente está sufriendo para pagar las tarifas”, advirtió la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, y agregó: “Debemos legislar de una vez por todas a favor del pueblo”.
Su par de Argentina Federal, Pablo Kosiner, apuntó directamente al proyecto del Ejecutivo para eliminar impuestos provinciales y municipales en las tarifas de servicios públicos: “Debemos volver a la discusión sobre la política tarifaria, no sobre la presión tributaria, que es sólo una variable de la composición de la tarifa”.
El salteño se quejó de que el Gobierno propone una solución “como si la carga impositiva fuese en todas las provincias lo mismo”, lo cual traería como consecuencia “una profundización de la brecha de desigualdad”.
Por su parte, Rossi planteó: “El Gobierno toma una actitud equivocada al creer que vamos en contra de ellos, porque en realidad estamos a favor de los argentinos, que no pueden pagar más estas tarifas”.
Según el presidente del bloque kirchnerista, “esto sucede porque el Gobierno tiene una planilla de Excel donde la columna con la dimensión humana no está presente”.
En su mayoría, los diputados de Cambiemos ingresaron a la Sala 1 del Anexo cuando la reunión ya había comenzado, y se ubicaron en la mesa del centro, habitualmente destinada a los taquígrafos.
Uno de los que pidió la palabra fue el macrista Fernando Iglesias, que previsiblemente embistió contra la gestión kirchnerista al denunciar que “se gastaron 130 mil millones (de dólares) en subsidios”.
“Los que rifaron el autoabastecimiento y con la infraestructura en pedazos nos vienen a explicar cómo salir del caos que armaron. Lo que nunca dicen es de dónde sacar los recursos para mantener los subsidios. ¿Más endeudamiento? ¿Mayor inflación? ¿Suspensión de la obra pública?”, ironizó Iglesias.
El texto dictaminado este martes se denomina “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos” y establece que si el Gobierno decide incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas, ese aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, ni el IPC mayorista para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.
La iniciativa también establece en el caso de los usuarios residenciales que las tarifas serán estables por 12 meses.
Para los clubes de barrio y entidades de bien público, se implementa un sistema de tarifa social en el que pagarán solo el 20% del valor de la factura.
En tanto, se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes, y se prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.
El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones de Estado, para “llevar adelante el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.
