La iniciativa que remitirá al Senado no incluye los impuestos nacionales, sino los cargos municipales y provinciales incluidos en tarifas de servicios públicos. El tema fue conversado con las principales espadas legislativas del oficialismo.
El Gobierno nacional remitirá al Parlamento un proyecto sobre tarifas de servicios públicos, que prevé la eliminación de impuestos provinciales y municipales.
El tema fue analizado durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; su viceministro Sebastián García de Luca; la vicepresidente Gabriela Michetti; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular del bloque de diputados del Pro Nicolás Massot; el del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias Lucía Aboud. Allí también se habló de la sesión especial prevista para este miércoles pedida por la oposición para tratar el tema tarifas.
El proyecto ingresará por el Senado, con las firmas de Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), Humberto Schiavoni (Pro-Misiones) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), y se denomina Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales y según ha trascendido incluye 13 artículos, donde figuran sanciones a quienes incumplan lo allí establecido.
La iniciativa establece que las facturas de servicios públicos esenciales contendrán “exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”. Se incluye, si correspondiere, al IVA e Ingresos Brutos.
Según el texto, las facturas no podrán incorporar “otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados”.
El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar “sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.
El proyecto invita a provincias y municipios, y a la Ciudad Autónoma de Bueos Aires a adherir a la leym, que tiene por objeto “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.
