La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión continuó este martes con el tratamiento del proyecto de ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia, con la participación de especialistas en la materia.

Expusieron ante los legisladores nacionales Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cable operadores e Internet PyMES (CACPY); Franco Cecchini por la Cámara Argentina de Telefonía IP (CATIP); Oscar Nocetti por la Cooperadora popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa (CPE); María José Guembe (por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA); y Nicolás Mayorans en representación de Gabriel Bandeira, por Cable Express.

En el inicio, Tulissi resaltó que “los canales locales son espejos de las comunidades” y solicitó extender el plazo dispuesto para el 1 de enero de 2019 ya que sino “solo se beneficiarán los grandes competidores”. Asimismo, solicitó servicio de TDH por un período de cinco años en localidades con menos de 80.000 habitantes.

Seguido, Cecchini afirmó que “apoyamos esta ley que está a favor de la competencia” pero “tenemos enigmas en cuanto a la reglamentación”. En ese sentido, advirtió que “convergencia sin competencia es oligopolio” y consideró que “las frecuencias hay que dárselas a los operadores que hoy trabajan en las regiones para que realmente compitan”.

A su turno, Nocetti reseñó la experiencia en Santa Rosa para luego subrayar que “estamos de acuerdo con democratizar la infraestructura pasiva pero si vamos a seguir siendo asimétricos la cosa no va a ser muy democrática” y aconsejó que las frecuencias que están en ARSAT deben ser “destinadas a empresas provinciales, PyMES y Cooperativas para telefonía móvil; empresas que las necesitan para poder competir”. Además, en cuanto a señal satelital de televisión, solicitó que además del otorgamiento de frecuencias a quienes no la tienen, se considere un tiempo de cinco años antes de que sean otorgadas a los grandes operadores.

En tanto, Guembe propuso la elaboración de un “proyecto de comunicación que contemple todos los aspectos y derechos” al tiempo que instó a “recordar el principio de no regresividad” y aconsejó respetar los estándares internacionales. También recomendó tanto la “adopción de medidas antimonopólicas específicas” como la incorporación del transporte de los canales abiertos en pos de la pluralidad, diversidad y federalismo, luego de lo cual enfatizó en la “necesidad de que sea un organismo plural y representativo” la autoridad de aplicación.

Por último, Mayorans manifestó que “apoyamos las disposiciones del proyecto en cuanto a la compartición de la infraestructura pasiva” y solicitó “contemplar la situación de las empresas que operan en ciudades de más de 80.000 habitantes y que compiten con grandes operadores pero que no pueden ofrecer telefonía móvil”. Al respecto, apuntó que “todos los competidores deben contar con las mismas herramientas para poder competir” y destacó la importancia de que “las frecuencias puedan ser aprovechadas por operadores locales y regionales”.