Durante la mañana de este jueves comenzó en la Cámara de Diputados una nueva jornada de debate sobre la despenalización y legalización del aborto, con exposiciones alternadas de oradores y, nuevamente, la escasa presencia de legisladores.

Se trata de la sexta audiencia pública de consultas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que contó con una variedad de invitados. Uno de los que se manifestó a favor de la iniciativa fue Carlos Rozanski, exjuez de Cámara Federal de la Nación, quien consideró que “entender el contexto” es “clave”.

En este sentido, habló de “cuatro realidades”. “La realidad de las mujeres es que su historia ha sido una historia de violencia, abuso, maltrato. Esto no puede ser negado”, dijo. En cuanto a la “realidad normativa” cuestionó que el artículo 88 del Código Penal -implementado en 1921- es una “legislación misógina, reaccionaria, retrógrada y sobre todo injusta” por haber sido “redactada íntegramente por un colectivo masculino”.

El exmagistrado dijo que la “realidad sanitaria” es que “se realizan entre 400 mil y 500 mil abortos anuales” y, por último, la “realidad emocional” es que “la rica y la pobre, las dos sufren”, por lo que cuestionó que quienes están en contra pongan en el centro del debate a las mujeres vulnerables.

A su turno, la diputada provincial Lucía Portos (Unidad Ciudadana) también se refirió al artículo 88 del Código Penal y señaló que “es el único artículo que no ha sufrido ningún tipo de modificación desde aquella época, el único artículo que todavía no hemos podido modernizar”. La legisladora consideró que la discusión por el aborto “lo que viene a poner en crisis en la representatividad política de Argentina y que tiene este Congreso”.

Silvia Alonso, jueza de Comodoro Rivadavia que intervino en el caso que terminó en el fallo FAL, sostuvo que “el aborto excede el ámbito del derecho penal, es una cuestión de derechos de las mujeres y de salud pública individual”. “Las múltiples circunstancias por las que atraviesan las mujeres de carne y hueso, que conducen a un embarazo forzado no deseado, no deben ser valoradas por otras personas, ni ser merecedoras de reproche moral y menos aún penal”, añadió.

También a favor del proyecto se manifestó Raquel Asensio, del Área de Género y la Oficina de Atención de Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General, quien afirmó que “la penalización resulta manifiestamente inidónea para evitar los abortos inducidos”. Además enfatizó que la Organización Mundial de la Salud “ha reparado en que la posibilidad de que una mujer se someta a un aborto es independiente de que la práctica sea legal o ilegal”.

Desde la otra vereda, Néstor Sagues, doctor en Derecho, criticó que el proyecto de ley tiene “tres afirmaciones que no sólo son erróneas, sino que son falsas y hasta mentirosas”. “Decir que el aborto es el cuidado del propio cuerpo de la mujer no tiene en cuenta el otro sujeto de la relación, es decir, al hijo cuya muerte se va a provocar”, señaló.

El abogado evaluó como “una aberración jurídica” considerar “la extinción de una vida como un acto de la vida privada de la madre” y subrayó que “insistir en ubicar al aborto en el lugar de la autodeterminación del propio cuerpo es absolutamente incompatible con los datos que nos brinda la medicina actual, donde el niño tiene cromosomas y un ADN propio, no es un músculo, no es un órgano”.

Por su parte, el legislador provincial por Córdoba Aurelio García Elorrio manifestó: “Ustedes saben que no le pueden imponer a la provincia de Córdoba, que tiene en su Constitución a la defensa de la vida desde la concepción, nada que vaya contra los derechos del niño por nacer”. Agregó además que los diputados a favor “pretenden crear un contraderecho” y remarcó que “los tratados de derechos humanos son pisos, no son techos. El techo puede estar en el derecho interno” y no en el internacional.

Germán Cazeneuve, director de la Dirección General de Religión y Culto de la provincia de Neuquén, cuestionó que se separe a las creencias religiosas del debate porque “el cristianismo está presente en un altísimo porcentaje de la sociedad” y “no tanto como participación en una iglesia, sino como pensamiento individual”.

“La tendencia y la crítica de algunos sectores de descristianizar la vida pública porque contamina la libertad y autonomía de las personas implica el intento de anunciar una vida sin los valores éticos que proclaman las religiones como el amor, la caridad, la misericordia y otros”, agregó.

Al momento de exponer, el exconjuez de la Corte Suprema Jorge Vanossi propuso una reforma constitucional para determinar el tema. Luego de advertir sobre los “numerosos planteos de inconstitucionalidad” que podrían presentarse si sale la ley, dijo: “El camino a seguir sería no una consulta, que está prevista y puede realizarse, sino algo más, que es una reforma, y que requiere por supuesto la participación de la ciudadanía”.

Consideró que seguir el mecanismo del artículo 30 de la Constitución “sería la vía más adecuada” antes de que “seguir en un debate infinito”. “Lo más claro sería una definición de la ciudadanía”, insistió.

Entre los más de 20 oradores que participaron durante la mañana, estuvieron también Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional; Ricardo Terrile, exdiputado y autor de la Ley de Divorcio; Alejandra Cristina Piedecasas, subsecretaria de Salud de la provincia de Neuquén; y María Paula Casanova, directora del Instituto Patagónico de Bioética Personalista.