“Creo que estamos todos de acuerdo en que para tomar una decisión, tenemos que proceder como ordena el artículo 70 de la Constitución Nacional y examinar el mérito del sumario” antes de emitir una resolución, expresó este miércoles el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, al dar por concluida la reunión en la que se analizó el pedido de desafuero de la diputada nacional Aída Ayala.

Tonelli aclaró que el objetivo de la comisión “no es juzgar a Ayala, tampoco a la jueza, sino analizar el mérito del sumario, y cuando estén reunidos los visos de verosimilitud, disponer el eventual desafuero”.

Con ese fin se distribuyó entre todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales el expediente judicial enviado por la Justicia chaqueña, como así también documentación aportada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, cercana a Jorge Capitanich, que agrega información sobre el tema.

De tal manera, se estableció que los legisladores volverán a reunirse en pocos días, ya con el expediente leído y analizado, para dictaminar, aunque el diputado Tonelli no dio precisiones sobre cuándo será esa reunión. “Vamos a hacer lo posible para que sea a la brevedad”, señaló.

Durante la reunión, en la que previsiblemente estuvo siempre presente el antecedente de Julio De Vido, estuvo presente la diputada Ayala, quien se defendió frente al pedido de desafuero y detención enviado a la Cámara baja por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger. “Es falso de toda falsedad”, afirmó la radical en relación a los delitos de los que se la acusa.

Luego de enfatizar que se enteró “por los medios televisivos y radiales” del pedido de desafuero y que “en ningún momento” fue notificada, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea para que se le tome indagatoria. “Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, señaló.

Tras su exposición, la chaqueña Analía Rach Quiroga aclaró que la justicia de su provincia “no está poniendo el eje en ninguna renegociación por parte de la municipalidad actual”, sino que “se está investigando esta causa judicial, de lavado de activos”, por la cual considera a Ayala “jefa de banda”, y eso “es lo que se está poniendo en tela de juicio en este momento”.

Agregó que la renegociación que realizó el intendente actual, Jorge Capitanich, fue “porque generaba beneficios para el municipio”, y aseguró que el Tribunal de Cuentas no objeta nada respecto de la renegociación.

Por su parte, la diputada macrista Silvia Lospennato alertó que no contaban con el expediente de la licitación, agregando que “no tenemos ni el contrato original ni el de renegociación”. Planteó además sus “dudas respecto de la competencia federal” para esta investigación. “Si bien son delitos federales no hay descripción de esos delitos”, dijo, pidiendo un “tiempo necesario” para estudiar el caso, ya que “el requerimiento es escueto”

Desde el bloque Justicialista, Javier David dejó claro que para él no le correspondía a esa comisión hacer “una especie de juicio, buscar pruebas, más allá del mérito o no de lo que cada uno pueda pensar sobre los hechos concretos”.

“Sí tenemos que ver si está todo en carriles que nos parezcan normales”, aclaró, alertando sobre una posible “maniobra dilatoria”. David le formuló entonces como única pregunta a la diputada si su voluntad era ampararse en los fueros, a lo que Ayala contestó: “Vengo a pedir que se analice y se rechace este pedido. Porque es ilegal, porque no existe motivo”. Reiteró que había pedido a la jueza que la juzgue y el 17 de abril le pidió que le brindara la exención de prisión, aclarando que no podía entorpecer la causa, como dijo el fiscal, pues ya no es intendenta y en ese cargo está “el dirigente kirchnerista Jorge Capitanich”. “Si la jueza vuelve a ratificar (el pedido de detención), yo sola vuelvo a la justicia, no me amparo en los fueros. Todavía la jueza no resolvió, tenía 24 horas para resolver y no lo hizo, por eso ahora presenté un pronto despacho”. Y concluyó: “Mi único pecado es haber ganado las elecciones en 2017. Digo a cada diputado que así como rindo cuentas en Chaco, que lean y que esto sea rechazado por ilegal”.

A su turno, Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria-Corrientes) coincidió con la diputada Ayala en cuanto a que “estas causas tienen un tinte político. Se viene denunciando muy fuertemente el tema de los poderes judiciales actuando muy selectivamente. Pasa en Argentina, en Brasil con Lula, no descarto que pueda estar pasando con usted lo que le ha pasado a otros dirigentes del peronismo. Pregúntele a Boudou, que terminó siendo absuelto en la mayoría de las cosas”.

Y previsiblemente Ferreyra llegó hasta Julio De Vido, para quien a su juicio “aplica” la misma situación que en el caso de Ayala. Tras enmarcar la detención del exministro de Planificación en un supuesto “show mediático de las elecciones”, sostuvo que “licenciosamente se lo boleteó a De Vido”, por lo que consideró en este caso “razonable no tomar una decisión a las apuradas”. Pero aclaró que “no me resulta razonable la diferencia: en una semana boleteamos a un diputado que era opositor, y ahora vamos a tomar medidas distintas, y a los dos se los acusa de lo mismo, obstrucción a la justicia”.

Pablo Tonelli le aclaró que “hasta hoy esta comisión está respondiendo con la misma celeridad que con De Vido”, respecto de quien recordó que de los dos pedidos de desafuero que tenía, “uno estaba firme”, pues la Cámara Federal lo había ratificado. “Lo cual es bien distinto” a lo que se analiza ahora.

A su turno, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau le apuntó a la vinculación de Alejandro Fischer con la legisladora chaqueña, preguntándole si había sido su yerno. Ayala le aclaró que tenía una hija de 40, que “fue novia, seguramente” de Fischer, a quien citó como “dirigente de Cambiemos, lo conozco, fue uno de los tantos que trabajó para que lleguemos al Gobierno”, pero remarcó que no era su yerno. Luego Moreau preguntó si el hermano de Fischer era titular de la Fundación Construir, cosa que Ayala también rechazó.

“No vamos a valorar si la jueza está en lo cierto o no, sino si es suficiente el juicio de mérito y si corresponde el desafuero”, aclaró por su parte la diputada rionegrina María Emilia Soria, que remarcó que “no estamos analizando un acto de corrupción Pro. Por lo poco que pude ver, usted fue 12 años que fue intendenta, firmó un llamado a licitación de manera irregular, sin llamar al Concejo Deliberante, cosa que no había hecho en los 12 años anteriores, con una empresa de un pariente de su hija. Lo que estamos discutiendo son las razones interpersonales e intersocietarias demostradas en el expediente. Para mí hay consistencia suficiente”.

Luego recordó que el tema estaba en la Justicia Federal porque “de repente apareció una figura de lavado de dinero. Supuestamente el delito preexistente es el contrato sobre el que se discute, no se trata de investigar a fondo, para tener una evaluación del mérito”.

Ahí intervino el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, quien recordó que en este caso “ni siquiera ha existido procesamiento, apelación del procesamiento, ni ha intervenido otra Cámara”, con lo cual concluyó que este caso no tenía nada que ver con el caso De Vido.

La también radical Karina Banfi, quien recordó que con el exministro había dos sentencias, pero reclamó que “no utilicemos esta comisión como si fuese un intercambio de prisioneros. Acá lo que tenemos que velar es sobre el mérito que existe en el pedido de desafuero. Ver caso por caso. Lo de De Vido no empezó el 18 de julio del año pasado, empezó en 2016”.

Carla Carrizo fue más lejos al pedir una reformulación de la ley de desafuero. Tras celebrar que la diputada Ayala se hubiera hecho presente, sostuvo que debían saber cómo proceder cuando tienen una serie de delitos que involucran a funcionarios. “Lamento que De Vido no haya bajado a dar explicaciones a sus pares, no es algo que los diputados deban poder elegir”, señaló.

Luego trajo a colación las diferencias de actitudes en cada Cámara, señalando que el Senado espera sin resolver aún en el caso de Carlos Menem. “No lo hizo ni con primera, ni segunda condena con un expresidente, ni con la expresidenta”, en referencia al pedido reciente de desafuero y detención del juez Claudio Bonadio. Por eso sostuvo que “no puede ser que las cámaras tengamos que elegir” si dan o no el desafuero; es una atribución política, pero tenemos que contar con los elementos correctos. Podemos decidir no desaforar, o desaforar, para eso están los fueros… Lo que no podemos hacer es ignorar”.

Reclamó reformar la ley de fueros, y recordó que los jueces tienen “inmunidad de arresto así cometan un delito”. Solo se los puede detener tras un juicio político. Por eso consideró que “necesitamos tener voluntad política de tener una ley de fueros”.

El último legislador en expresarse fue el diputado Daniel Lipovetzky, quien también destacó el comportamiento de Aída Ayala de presentarse ante sus pares para defenderse, y no ampararse en cambio en los fueros para evitar un allanamiento, como fue el caso de Julio De Vido. Puntualmente consideró “muy pobre” el fallo de la jueza, destacó que no estaban ante una prisión preventiva, como sí sucedió con De Vido y a propósito de eso sugirió para el futuro “debatir la discrecionalidad de los jueces para las preventivas”.

“No podemos permitir que se aplique la preventiva para cualquier caso”, declaró, admitiendo por ejemplo que había considerado que “no tenía fundamento” la preventiva aplicada por el juez Lijo con Amado Boudou. Pero volviendo al caso de Ayala, insistió en que en su opinión no le parecía “que haya ningún elemento para desaforar a la diputada”. “El fallo que tengo es muy pobre y escaso”, concluyó, adelantando su postura para el momento de la resolución.