La Legislatura porteña manifestó -en la sesión de este jueves- su beneplácito por la Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo dictada por la CIDH el año pasado.
En la sesión de este jueves, los diputados porteños su beneplácito por la Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 24 de noviembre de 2017. Esta medida establece cómo se deben aplicar los derechos del colectivo gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales LGTBI en el continente.
El proyecto para su declaración fue impulsado por el diputado de Vamos Juntos Maximiliano Ferraro.
En este sentido, el diputado celebró esta decisión a la que consideró como histórica ya que “el matrimonio igualitario y los derechos de personas trans son derechos humanos” y afirmó que “que esta decisión de la CIDH será obligatoria para los 22 Estados miembros, es un paso más hacia la igualdad”.
“En Argentina debemos seguir avanzando con las leyes que todavía faltan” por eso “vamos por más igualdad y derechos, en ese sentido, quiero destacar que es importante que avancemos en nuestro país y en la Ciudad de Buenos Aires con el cupo laboral trans, la nueva Ley de VIH y ley anti discriminatoria”, manifestó.
El proyecto de declaración explica que la Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes. En el marco de este sistema interamericano, la función consultiva fue definida en reiteradas ocasiones como un servicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema.
Costa Rica elevó una consulta a la Corte IDH en mayo del 2016, de acuerdo con las previsiones del art. 64.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que el tribunal se pronunciara sobre el derecho de la población transgénero de cambiar legalmente su identidad y sobre los derechos de las parejas homosexuales, la CIDH respondió sobre el tema y señaló que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por dicha Convención.
En su decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia constante en el sentido que la orientación sexual, y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Por ello, está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en estas características de la persona. Reiteró, de igual forma, que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido.
Además, la CIDH definió a la identidad de género como ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’’ y estableció que el derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones.
El Tribunal afirmó que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans’’. Esto incluye, entre otros derechos, la protección contra todas las formas de violencia, la tortura y malos tratos, así como la garantía del derecho a la salud, a la educación, al empleo, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación.
En vista de lo anterior, resolviendo la pregunta planteada por Costa Rica, la Corte consideró que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho protegido por la Convención Americana. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. A su vez, la Corte Interamericana especificó cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos internos: estos deben estar destinados a reflejar la identidad de género auto-percibida; deben basarse en un consentimiento libre e informado; no deben exigir certificaciones médicas o psicológicas que resulten irrazonables o patologizantes; deben ser de carácter reservados, proteger los datos personales y no reflejar cambios de identidad de género; deben ser expeditos y tender a la gratuidad en la medida de lo posible, y no deben requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.
