La senadora Marta Varela, presidenta de la bicameral destinada a cubrir la vacante, se reunió con el funcionario a cargo y anunció que esta vez habrá un proceso de selección “más participativo”.
La designación del defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, fue uno de los grandes temas que no pudo avanzar en el Congreso el año pasado por falta de acuerdo entre Cambiemos y el peronismo en el Senado, aunque el Pro promete insistir en los próximos meses con el trámite legislativo, pero esta vez con un proceso de selección “más participativo”.
Así lo adelantó la senadora macrista Marta Varela, presidenta de la comisión bicameral encargada del tema, quien se reunió con Juan José Böckel -hoy a cargo de la Defensoría del Pueblo-, y aseguró que este año retomarán el trabajo.
“El compromiso que tuvimos el año pasado, cuando se frustró la votación en el recinto, fue el de implementar los principios de París. Esto significa que a través de un reglamento, fijaremos, entre otras cosas, un proceso de selección más participativo que incluya una audiencia pública y la posibilidad de impugnar candidatos”, explicó Varela.
El año pasado, los candidatos a ocupar el puesto eran el dirigente peronista Humberto Roggero, el exdiputado provincial Jorge Sarghini y el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, pero ninguna postulación avanzó -se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras-.
“Si bien el año pasado la elección del defensor del Pueblo se frustró porque no prosperaron los acuerdos políticos, seguiremos insistiendo, con la nueva conformación del cuerpo, en cumplir con el mandato constitucional”, afirmó Varela.
De la reunión entre la legisladora y Böckel también participaron los jefes de área de la Defensoría Mariano García Blanco, Daniel Bugallo, Mariana Grosso, Soledad Patané, Julieta Ghioldi, Lucila Taboada, Mónica Del Cerro, Daniela Pearce, Juan Carlos Mazzini, Roberto De Francesco y Tomás Dadic.
En el encuentro se brindó una síntesis de todo lo actuado por la Defensoría del Pueblo en 2017, sin perjuicio del informe anual que debe presentarse este mes en el Congreso.
También fue entregada una presentación de los programas que lleva a cabo el organismo como institución nacional de derechos humanos, en relación al seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible, según la agenda 2030 de Naciones Unidas.
