El proyecto de la oposición haría perder a las provincias más de $25 mil millones

Así se desprende de un trabajo elaborado por asesores del bloque radical, donde se establece que, en promedio, para cada provincia estaría teniendo un costo de 1.100 millones de pesos.

A pedido del diputado nacional Mario Negri, los asesores del bloque radical de la Cámara baja elaboraron un análisis del dictamen del proyecto de Emergencia Tarifaria aprobado por la oposición, que pretende llevarlo al recinto este miércoles, del que se desprenden las estimaciones del costo fiscal por reducción de la recaudación del IVA que tendría la ley eventualmente aprobada.

En función de las estimaciones realizadas el costo fiscal por reducción de recaudación de IVA alcanzaría los $ 22.950 millones para el año 2018 y los $ 26.350 millones para 2019, es decir un total de $49.300 millones.

Dado que se trata de un impuesto coparticipable, el impacto en las cuentas provinciales por la caída en la recaudación del impuesto alcanzaría un total de $25.500 millones ($11.900 millones en 2018 y $ 13.600 en 2019).

A partir de las estimaciones realizadas, el costo promedio provincial supera los $ 1.100 millones. En el mismo documento podrán observar en un gráfico cuánto deberán aportar cada una de las provincias si esta ley se sanciona.

De ahí que varios gobernadores hayan salido a despegarse de la iniciativa promovida por los interbloques Argentina Federal y Frente Renovador-UNA, los cuales trascendió que estarían evaluando por ello eliminar del proyecto, en el recinto, la reducción del IVA.

El trabajo incluye una estimación del costo fiscal por la reducción de ingresos por IVA y su distribución por jurisdicción.

La aplicación de lo previsto en el dictamen implica la imposibilidad de aplicar incrementos tarifarios en términos reales (es decir por encima de la inflación) y por lo tanto no podría cumplirse con la meta de reducción de subsidios prevista para los ejercicios 2018 y 2019.

Por este motivo, el gasto en subsidios económicos se incrementará y dado que los subsidios económicos se aplican sustancialmente a financiar la diferencia entre el costo de abastecimiento de energía (es decir el costo de generación eléctrica o el precio del gas) y el precio que paga la demanda, este incremento del gasto impactaría a todas las regiones del país, sin excepción.

La imposibilidad de reducir subsidios implicaría un incremento no previsto en los gastos de $79.000 millones en 2018 y de $ 97.600 en 2019, un total de $176.000 millones, según el estudio de los asesores radicales.

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