Piden crear un sistema para prevenir la violencia obstétrica

Las kirchneristas Victoria Montenegro y Andrea Conde impulsaron una iniciativa para crear el “Sistema de Abordaje Integral contra la Violencia Obstétrica”, a fin de garantizar los derechos de gestantes, madres, padres y niños.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, en conjunto con la titular de la Comisión de Mujer e Infancia, Andrea Conde, impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para el “Sistema de Abordaje Integral contra la Violencia Obstétrica”, a fin de garantizar los derechos de gestantes, madres, padres y niños.

Dicho sistema estará conformado por el Servicio de Asesoría General y el Observatorio para prevenir, evitar la Violencia Obstétrica y generar estadísticas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la normativa, a raíz de ese sistema se buscará prevenir y evitar la violencia Obstétrica a través de brindar información sobre los derechos sexuales y reproductivos de la persona gestante. También se buscará elaborar un sistema de información y registro de denuncias mediante el desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento; asimismo, se asesorará a toda la ciudadanía brindando la información necesaria con el fin de concientizar sobre la problemática en cuestión y sobre los derechos a la información y a la toma de decisiones libres e informadas sobre su salud.

A su vez, las diputadas de Unidad Ciudadana propusieron crear un Observatorio de Violencia Obstétrica, a través del cual se buscará “implementar un sistema de recolección y sistematización de datos y estadísticas a fin de conocer la realidad y evolución de las situaciones de violencia obstétrica contra las personas gestantes en la Ciudad, como guía para la implementación de políticas públicas”, “realizar un seguimiento a políticas públicas, proyectos de ley y cumplimiento de leyes referidas a la temática”, “crear espacios de difusión y de debate con profesionales”, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, Montenegro y Conde explicaron que “a nivel mundial se considera la Violencia Obstétrica como una de las formas de violencia hacia las personas gestantes más sistemática e invisibilizada que existen, e incluso se la considera una grave violación a los derechos humanos, dado que la persona gestante no es reconocida como sujeto de derechos socavando así su autonomía y soberanía sobre su cuerpo y sus procesos sexuales y reproductivos, y atentando contra su potestad en las decisiones en torno el bienestar de sus bebés”.

“Si bien en Argentina se han hecho grandes avances en materia legal, gracias a las Leyes Nacionales 25.929, 26.485 y 26.529, la Violencia Obstétrica sigue siendo un grave problema de salud pública, que pone en riesgo el bienestar biopsicosocial de la persona gestante y su familia”, señalaron y advirtieron que “la falta de cifras oficiales, tanto a nivel público como privado sobre los índices de medicalización e intervención de rutina que se realizan en los nacimientos y el trato deshumanizado que muchas personas gestantes reciben diariamente, no permite dimensionar el alcance y las consecuencias de este flagelo, mucho menos generar mecanismos y políticas públicas oportunas y eficientes para erradicar esta violencia”.

Por último, resaltaron que la importancia de la medida radica en que “las violaciones a los derechos humanos sufridas por las personas gestantes que concurren a los servicios de salud reproductiva, en gran parte debido a su condición de tales y por causa de presupuestos sociales que las ubican en lugares poco privilegiados, muestra la necesidad imperiosa de revisar una situación que atenta contra su protección”.

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