Para defender la política energética de la administración de Mauricio Macri, las principales cámaras empresariales que agrupan a la electricidad y gas dieron a conocer un comunicado bajo el título: “La energía ante todo el desafío de seguir creciendo: todos somos responsables”.

El texto señala que “las cámaras y empresas que integran los sectores de la energía eléctrica y del gas natural de la República Argentina estamos convenidas de que para el país crezca y se desarrolle se necesita más energía. Para incrementar la producción, transporte y distribución energética es preciso que las empresas continuemos realizando importantes planes de inversión a mediano y largo plazo, basados en reglas claras, estables y previsibles”.

El texto del comunicado señala luego “preocupación ante el debate legislativo de proyectos que pretende retrotraer decisiones que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo aplicando las leyes nacionales y los marcos regulatorios vigentes desde hace décadas, modificando cuadros tarifarios que fueron exhibidos en Audiencias Públicas y aprobados junto con el Presupuesto nacional”.

Luego el comunicado que lleva las firmas de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA), la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA), la Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina (ADIGAS), Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), sostiene que “algunos de los proyectos presentados conllevan cambios que pondrán en peligro futuras inversiones, generarán pérdida de puestos de trabajo y prolongarán el déficit energético que el país arrastra desde hace años”.

“Sabemos que la recomposición tarifaria demanda esfuerzos económicos para los usuarios. Pero, a la vez, significa una reducción de los subsidios que afronta el Estado y el déficit fiscal, que es una carga inequitativa para toda la sociedad. Si se retrotraen las tarifas, ese mayor déficit se deberá cubrir con mayor endeudamiento con emisión monetaria y consecuentemente mayor inflación. Somos conscientes de que cualquiera de esas alternativas es más inequitativa y costosa para los sectores de menores recursos”, subraya el texto.

Finalmente, el comunicado asevera que “es importante resaltar que estos sectores están cubiertos por la tarifa social que alcanza al 30% de los usuarios de luz y al 20% de los usuarios de gas”, y agrega que “el desarrollo energético es estratégico y demanda consensos y políticas conjuntas que atiendan los intereses de todos los sectores. Establecer una recomposición gradual de las tarifas, difundir campañas para fomentar el consumo responsable y eficiente y la aplicación de tarifas sociales para quienes lo necesiten, son decisiones tan importantes como la de respetar y cumplir las leyes, los marcos regulatorios y los compromisos contractuales”.