“Señor Presidente del F.M.I…: El gobierno de la Argentina ha decidido actuar prestamente para poner término a la inflación y restablecer el equilibrio (….) en vista del nivel de las reservas en divisas de la actualidad, la Argentina necesita la seguridad del apoyo financiero del F.M.I. (…).Toda la política monetaria del gobierno está dirigida a poner término a la inflación. (…) Los déficit del sector gubernamental fueron la causa principal de la expansión (…) el Gobierno ha adoptado ahora un programa para eliminar el déficit total del sector gubernamental: (…) un programa mensual de reducción de la fuerza laboral (…) se aumentarán las tarifas de transportes (…)se aumentaran considerablemente las tarifas eléctricas; (…) se aumentará el precio de los productos derivados del petróleo; (…) el gobierno continuará con su política actuar de reducir los subsidios; (…) la política crediticia será restringida a un nivel compatible con la estabilidad (…) los convenios de salarios que abarcan a la mayoría de la fuerza laboral argentina ya han sido terminados. En general dispone un aumento de los salarios de un 10% a un 15%…” (Carta Intención de la República Argentina, al Presidente del F.M.I., del 4 de diciembre de 1958, de inicio a la Segunda Operación de Crédito de Argentina al F.M.I.)”.

Quise comenzar con esta trascripción, no para hacer gala de una búsqueda histórica, sino para reflejar ciertas constantes que padece nuestro país. La primera (1957), la segunda (1958), la tercera (1959) y las numerosas y sucesivas operaciones de crédito con el FMI se han sujetado a los mismos condicionamientos.

Aquel Fondo era el mismo que el actual y siempre los resultados fueron los mismos: recesión, realimentación de la especulación, cierre de fábricas y establecimientos, reducción del consumo, incremento de la pobreza y exclusión. Lamentablemente, estos efectos no se reducirán al conurbano de Buenos Aires, al cinturón de Rosario o las concentraciones de las grandes ciudades. Se derramarán sobre nuestras provincias, contrayendo el nivel de empleo, desbarrancando a la clase media hacia niveles inferiores, ahogando a las clases carecientes, destruyendo las economías regionales y padeciendo las contracciones de la coparticipación por la baja de la recaudación. En fin, cuánto hemos visto.

¿Pudo y puede evitarse? Ni bien se examinen números y medidas, se advertirá que sí. Aun admitiendo por hipótesis como tolerable la política inicial de reducción de las retenciones, es inadmisible la derogación de las obligaciones de liquidar las divisas resultantes de las exportaciones, permitiendo la especulación de silobolsas. En el 2017, solo por las exportaciones de soja, ingresaron 26.000 millones de dólares (casi el monto de la asistencia que se pide a la institución internacional). Asimismo, el monto de las LEBAC emitidas, hubiera alcanzado para convertir esos dólares, sin necesidad de multiplicar la deuda interna: las LEBACS que vencerán el próximo día 18, montan 678 mil millones de pesos, que convertidos a dólares, también igualan la asistencia pedida al Fondo.

Pueden continuarse las constataciones, a riesgo de cansar al lector. Solo permitirán subrayar un interrogante: ¿Alguna vez existió una política coherente o todo ha sido, hasta aquí, un concierto de aprendices de brujo? Aun así, sin prepotencia y arrogancia, sería posible tender la mano y conversar juntos sobre cómo evitar lo que ya hemos vivido. Los números y las perplejidades que suscitan evidencian que es posible.