Tras el escándalo por los abusos a menores que se alojaban en la pensión deportiva de Independiente, la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular las pensiones deportivas dependientes de los clubes de fútbol asociados a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el ámbito de la Ciudad, donde residan de forma permanente o con un régimen de media pensión niños, adolescentes y jóvenes.

De acuerdo a la normativa se considera como 'pensiones deportivas' a los establecimientos de carácter privado o pertenecientes a instituciones deportivas en la Ciudad, reconocidos y con personería jurídica debidamente otorgada por la autoridad competente, que se encuentran agremiadas a la AFA en la cual niños, adolescentes y jóvenes residen de forma permanente o con media pensión, por estar desarrollando alguna de las actividades deportivas ofrecidas por la Institución.

La medida busca proteger los derechos de los jóvenes, por lo que establece que en las pensiones se debe otorgar -entre otros puntos- “por lo menos cuatro comidas diarias, ajustando las mismas a las exigencias deportivas, al grado de desarrollo y a las necesidades específicas que requiera cada uno de los residentes, contando con el asesoramiento de un nutricionista“; también deberá proveer vestimentas y calzados apropiados para las actividades deportivas de acuerdo a la estación del año, así como , elementos de higiene y aseo personal.

Asimismo, deberá “favorecer la recreación, el ocio y esparcimiento de acuerdo a los intereses de cada jóven mediante la creación de espacios comunes destinados a tales fines y mediante la gestión de los medios necesarios para que los mismos accedan a actividades culturales de su interés ya sea dentro o fuera de la pensión “ y “garantizar la adecuada comunicación de manera continua entre los residentes y sus familias“.

Otro de los puntos en los que hace especial hincapié la norma es en garantizar la escolaridad de los jóvenes, a fin de que terminen sus estudios primarios y secundarios, además de promover la educación en los niveles terciarios y universitarios. También deberán facilitar todos los medios necesarios para garantizar el derecho a la salud de los jóvenes que habiten en la pensión deportiva, cuenten o no con una cobertura social por parte de su familia de origen.

En los fundamentos de la medida, Conde explicó que “en las pensiones se albergan niños, adolescentes y jóvenes -de entre 12 y 21 años-, que por vivir lejos, se alojan y construyen su vida cotidiana en establecimientos dependientes del club en donde sueñan en formarse como deportistas y llegar a jugar en primera división“ y destacó que “si bien no existen datos oficiales de cuántas son las pensiones en la ciudad ni cuántos son los niños y adolescentes alojados en ellas, sabemos que son al menos 11 los clubes que cuentan con este tipo de residencias para jugadoras y jugadores en formación, lo que significa un universo de entre 350 y 450 personas“.

“ La vida en las pensiones es colectiva: van a la escuela, entrenan, comen, estudian, y se socializan; en su mayoría son niños que vienen de las provincias, incluso de otros países, y que deben atravesar esta etapa de crecimiento alejados de sus vínculos afectivos y familiares para construir nuevos“, resaltó y consideró que “la combinación del desarraigo, las necesidades económicas que muchos de ellos atraviesan y las exigencias de la práctica deportiva profesional, pueden vulnerar sus derechos en muchos sentidos, especialmente si el Estado no establece mecanismos efectivos para garantizarlos“.

En ese sentido aseveró que “las denuncias recientes sobre la explotación de niños, niñas y adolescentes en Independiente, y posteriormente en River y otros clubes, ponen en evidencia la urgencia con la que debemos ocuparnos de este tema “ y sentenció que “el fútbol se ha convertido en uno de los negocios más rentables y en su nombre se legitiman e invisibilizan prácticas y violencias que afectan a los eslabones más vulnerables del circuito“.