La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó ante un plenario de comisiones de Diputados que el proyecto de ley que propone expropiar tierras y urbanizar los barrios populares, villas y asentamientos de todo el país “saldará una deuda histórica” y “tiene que ver con una Argentina más equitativa”.

La funcionaria concurrió para participar de la primera reunión informativa sobre la iniciativa que presentaron en la Cámara baja los diputados oficialistas Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC-ARI), pero que fue elaborado por el Ejecutivo en conjunto con movimientos sociales. Con disidencias y algunos cuestionamientos, la oposición acompañaría en líneas generales el proyecto.

Stanley explicó que el proceso de relevamiento de los barrios “se viene dando desde 2016” y destacó que se hizo en conjunto entre la cartera que conduce, ANSeS y un grupo de organizaciones (Techo, Caritas, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa).

“No sólo hablamos de una deuda histórica con cada una de las personas y familias que vive en barrios populares, villas y asentamientos por la falta de servicios, sino también en muchos casos por la falta de poder acceder a una escritura o certificación de las casas en las que viven”, expresó.

Y enfatizó en la labor entre las diferentes partes que “decidimos dejar de lado diferencias para empezar un camino donde nos pusimos de acuerdo sobre la importancia de conocer a fondo” la realidad de cada uno de los asentamientos, a través de una “metodología de trabajo” y la generación de “confianza” para la realización de “las encuestas”.

La ministra informó entonces que “se identificaron 4.228 barrios populares, donde se estima que viven 3,5 millones de personas, 850 mil familias”. “Todavía el proceso de relevamiento al interior de muchos barrios sigue”, aclaró y especificó que “el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional” y que “el 68% de los barrios tienen viviendo menos de 150 familias”, mientras que las villas representan el 21,5% y son “las que tienen mayor densidad poblacional”.

Además, apoyada en una presentación audiovisual, puntualizó datos sobre la antigüedad y cantidad de años de los asentamientos. “Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000”, señaló.

La titular de la cartera de Desarrollo Social detalló que “el 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente” y “el 70,5% a la red de energía eléctrica”. Sobre la edad de los pobladores de los barrios, remarcó que “el 40% de la población es menor de 15 años y casi el 70% es menor a 29 años”.

“Me parece que este es un dato que no solo nos interpela, sino que también nos da una posibilidad de que, si trabajamos en serio y en forma conjunta, vamos a estar trabajando sobre una población muy joven que tiene muchas oportunidades que hoy no se las estamos dando”, consideró.

Stanley sostuvo que “habernos animado a zanjar diferencias con personas que no pensábamos igual, plantear a fondo cuál era la realidad de la situación de los barrios populares, representa un compromiso que estamos asumiendo y compartimos todos, que es el de saldar una deuda histórica”. “Este es proyecto que tiene que ver con una Argentina más equitativa y con mayor justicia social”, destacó.

Presente también en el plenario, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, resaltó la importancia de haber otorgado los Certificados de Vivienda Familiar a los habitantes de los barrios, ya que hay familias que “vienen esperando 20, 30 años sin ningún papel, y a veces con el riesgo de sufrir presiones para retirarse de esa vivienda”.

Al momento de las preguntas, el diputado Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) pidió incorporar al Registro Nacional de Barrios Populares ocho asentamientos de su provincia, los cuales “cumplen los requisitos” para que, “en la medida que sean incluidos en la ley”, su bloque “pueda votarla”. Al respecto, la ministra recibió el listado pero aclaró que “el mismo proyecto habla de que, después de aprobado, se va a trabajar con cada una de las provincias en un convenio específico por si haya que saldar un barrio que quedó excluido”.

A su turno, el kirchnerista Julio Solanas advirtió sobre la posibilidad de “cercenar los derechos y autonomía de provincias y municipios”, en referencia a los terrenos, a lo que la funcionaria contestó que “no” cree que queden cercenados ya que “la ley busca darle participación a las provincias y los municipios en este proceso”.

“No sabemos cómo viene el próximo presupuesto, que seguramente va a ser con las exigencias de ajuste del FMI. Me gustaría saber si esta ley no es solamente para un título en los diarios, o para dejar contentos a algunos, y si va a tener el reflejo presupuestario necesario para llevarse adelante y no quede en promesas que después no se cumplen”, expresó la diputada Gabriela Cerruti (FpV-PJ).

Stanley aseguró entonces que “no tiene que ver con un titular de un diario sino con un compromiso formal y real que tenemos en este tema” y reconoció que “claramente va a llevar muchos años” y “no va a ser ni en uno, ni en dos, ni en tres años” porque se trata de más de cuatro mil barrios. Sobre la cuestión presupuestaria, dijo que “el presupuesto se va armar consensuado” y será uno que “muestre un compromiso social” como en el último, que “la inversión social es del 76 por ciento”.

Por el oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera del proyecto- destacó que la iniciativa “tiene una enorme transcendencia social” y en la cual “ha trabajado mucha gente” en su elaboración, quienes son “los verdaderos destinatarios de este proyecto, lo cual le confiere características novedosas”. “No tengo la menor duda que servirá para mejorar sustancialmente la vida de muchas personas”, agregó.

Luego de la exposición de la ministra, referentes de las organizaciones que participaron en el relevamiento de barrios también hablaron ante los diputados y destacaron la iniciativa.