En el marco de una causa en la que se investiga al presidente de la Cámara de Diputados, y a su par en el bloque peronista, por presunta malversación de fondos públicos.
La Justicia pidió el desafuero del exgobernador de Entre Ríos y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y de su par en el bloque peronista, Pedro Báez, en el marco de una causa en la que se los investiga por presunta malversación de fondos públicos.
La solicitud fue formulada por el juez de Transición número 2, Gustavo Maldonado, al Poder Legislativo provincial, con lo cual, ahora, será la Cámara de Diputados -donde el peronismo ocupa 20 de las 34 bancas que componen el cuerpo- la que deberá evaluar los planteos en relación a Urribarri y Báez.
Al respecto, el diputado provincial peronista Gustavo Guzmán estimó que en la próxima reunión de bloque “se hablará de los pedidos de desafuero que pesan sobre el exmandatario provincial y actual titular del cuerpo, y sobre el diputado Báez2.
El legislador, Urribarri y el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, son investigados por presuntas irregularidades en la contratación de publicidad a partir de una denuncia que realizó en 2013 el exdiputado nacional por Entre Ríos, el radical Jorge D’Agostino, que ahora preside el Comité Nacional contra la Tortura.
Urribarri y Báez están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, y por el desvío de 24,2 millones de pesos.
“No hemos hablado el tema en el bloque pero seguramente se hará en los próximos días porque es un tema muy importante que los legisladores tenemos que votar; seguramente en estos días lo hablaremos con Urribarri y nos dirá qué piensa hacer, porque también es posible que se desafuere o que pida él ir a juicio”, manifestó Guzmán.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial, que habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri.
En su denuncia, D’Agostino precisó que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 500.000 pesos a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B.
Señaló además que, entre los medios más beneficiados con publicidad, estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, del actualmente detenido empresario Cristóbal López), con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos; y el diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
A fines de abril pasado, el Tribunal de Apelaciones compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, había rechazado los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento dictado por el juez, que ahora pidió los desafueros.
