La Legislatura porteña declaró de interés social un Protocolo y Licencia por Violencia de Género elaborado por la Fundación AVON, el cual la empresa aplica a nivel interno y funciona como ejemplo para el sector privado para mejorar el abordaje de estos casos hacia el interior de las corporaciones. La iniciativa fue impulsada por la legisladora de Confianza Pública Natalia Fidel.

Dicho protocolo tiene como objeto que las empresas cuyas empleadas sean víctimas de violencia de género puedan disponer de todas las herramientas necesarias para abordar la situación. Este tipo de normativas reconocen y dan entidad a la violencia contra las mujeres desde el lugar de quien no la sufre, y da el rol a quien emplea de facilitar y no obstaculizar el proceso que esa mujer debe realizar, ya sea personal, legal, familiar o administrativo.

Al respecto de la medida, Fidel destacó “el trabajo realizado por la Fundación AVON porque garantizar la fuente de trabajo y acompañar a la víctima resulta indispensable para que la misma pueda salir de la situación de violencia” y consideró que “desde el punto de vista del cambio cultural que debemos generar desde el sector público, la licencia de AVON nos interpela ya que no exige presentar un certificado: creemos que el primer paso para contener es confiar”.

“Si más empresas y más organismos del Estado se involucraran para acompañar a sus empleadas víctimas de violencia de género: ¿cuántos casos se prevendrían, cuántas mujeres lograríamos sacar de estas situaciones, cuántas menos víctimas directas e indirectas no tendríamos que lamentar? Más allá de la respuestas concretas lo cierto es que vale la pena hacer el esfuerzo y transitar este camino que nos propone la Fundación AVON para la Mujer”, concluyó.

Cabe destacar que según la organización la Casa del Encuentro -la cual participó del evento junto a su presidenta, Ada Beatriz Rico- en nuestro país hay un femicidio cada 30 horas. Desde el año 2008 al 2016, se registraron 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio, de las cuales 1.859 son menores de edad.