Horacio Pietragalla y Myriam Bregman presentaron una denuncia por mal desempeño contra el juez federal de Esquel, advirtiendo un “espionaje ilegal violatoria de los derechos a la intimidad”.
Los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Myriam Bregman presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por “mal desempeño” contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, debido a su accionar en la causa de Santiago Maldonado, aún caratulada como desaparición forzada. El pasado viernes los legisladores ya habían denunciado al magistrado por su desempeño en los hechos previos a la desaparición de Maldonado.
La denuncia de los legisladores advierte un “espionaje ilegal” realizado por parte del juez hacia la familia del joven y a los testigos en la causa que investiga la desaparición.
Según se lee en el escrito presentado, “el accionar y desempeño del doctor Otranto ya había sido cuestionado con anterioridad”, dando lugar a planteos de recusación por parte de dos de los querellantes, Sergio Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y del fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Y advierte que, dichos pedidos de recusación finalmente fueron resueltos favorablemente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. No obstante, señalan los legisladores, “el mismo 22 de septiembre de 2017, fecha en que fue apartado de la causa, el doctor Otranto ordenó la intervención telefónica de Sergio Maldonado, hermano de la víctima y previamente, el 5 de septiembre de 2017, intervino los teléfonos de los testigos Ariel Mariotto Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz”.
En tal sentido, la denuncia se fundamente en el mal desempeño del juez Otranto en lo que respecta a “la arbitraria e infundada orden” de intervención de las líneas telefónicas pertenecientes a los testigos y el propio hermano de la víctima, en el marco de la causa caratulada “Maldonado, Santiago Andrés s/ Habeas Corpus”.
De acuerdo a los legisladores, Otranto ejerció su labor mediante un mal desempeño en sus funciones, “lo cual derivó en una afectación indiscutible de los derechos a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo, mediante la absurda y tendenciosa intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de la víctima, que no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito”.
Según el diputado nacional por el FpV-PJ Horacio Pietragalla y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT Myriam Bregman, estos hechos “son prueba manifiesta de la parcialidad y el mal desempeño del juez Otranto”.
