Mauricio Macri comunicó al Congreso el veto a la ley de emergencia tarifaria

El presidente focalizó sus argumentos en la falta de potestad del Congreso para fijar tarifas y en el costo fiscal de 115 mil millones de pesos” del proyecto sancionado en el Senado.

Mauricio Macri comunicó oficialmente al Congreso este jueves el veto a la ley de emergencia tarifaria sancionada en el Senado durante la madrugada. El presidente focalizó sus argumentos en la falta de potestad del Congreso para fijar tarifas y en el costo fiscal de 115 mil millones de pesos” del proyecto aprobado por impulso de la oposición.

Tras la conferencia de prensa brindada desde la provincia de Salta, Macri envió una nota formal a ambas cámaras, acompañada por las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para ratificar que “se observa totalmente” la flamante ley para limitar los aumentos de tarifas.

Con una argumentación extensa, Macri citó abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para concluir que “la norma sancionada significa un avance del Poder Legislativo sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo Nacional”.

Además, recuerda que “los marcos regulatorios aprobados por el Congreso de la Nación prevén la realización de audiencias públicas previas, entre otras circunstancias, para la modificación de tarifas”.

Pero uno de los puntos fundamentales señalados por el presidente es que “el proyecto de ley sancionado no contempla el impacto fiscal de la medida”, aunque el Ejecutivo hizo sus propios cálculos.

Así, en la nota enviada este jueves se cita un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual la flamante norma “tiene un costo fiscal de 65.886 millones de pesos” durante 2018, pero “deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios”.

En razón de ello, el presidente concluye que “el costo fiscal total superaría la suma de 115 mil millones de pesos” para este año, “monto que representa aproximadamente el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Para graficar este valor, el Gobierno señaló que “equivale a, por ejemplo, 77 mil viviendas sociales; más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo; 2.875 escuelas; 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”.

En otro pasaje de la argumentación, Macri observó que “los gobernadores de las provincias de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), Chaco (Domingo Peppo), Córdoba (Juan Schiaretti), Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Gerardo Morales), Mendoza (Alfredo Cornejo), Misiones (Hugo Passalacqua), Neuquén (Omar Gutiérrez), Rio Negro (Alberto Weretilneck), Salta (Juan manuel Urtubey), Santa Fe (Miguel Lifschitz) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) se han expresado públicamente en contra del proyecto de ley”.

A nivel general, el Gobierno sostuvo en la nota que “la situación de deterioro que sufren los servicios energéticos a consecuencia de la inercia de más de una década imponen al Estado y a cada uno de sus poderes una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia”.

“Uno de los principales desafíos que se le presentó y que continúa siendo prioritario para la actual administración fue el de llevar adelante un proceso de transición hacia la normalización en el sector energético argentino”, explica la comunicación al Congreso.

Macri asimismo defendió su gestión energética, al indicar que “las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”.

Contrariamente a ese camino, advierte, el proyecto aprobado “pretende mantener en el tiempo políticas que no se condicen con los criterios de sostenibilidad, justicia y equidad entre ciudadanos de las distintas provincias, contribuyendo al deterioro de los sistemas y poniendo seriamente en duda la inversión futura, tanto en términos de producción como de mantenimiento y de expansión de los servicios”.

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