Luego de intervenir en el plenario de comisiones, la diputada del Partido Obrero Romina Del Plá advirtió que los bloques mayoritarios “benefician” al sector contrario al aborto. Es porque, sostuvo, el martes se negaron a dictaminar el ingreso del tema en la sesión del 13, por lo que ahora se requerirían dos tercios de los votos. “Esta decisión ha sumado un factor de poder al sector contrario al aborto legal, ya que sin su presencia no podrá ponerse en pie el debate esperado. Objetivamente se les ha otorgado un recurso extra”, manifestó al respecto.

“Que se dictamine recién el 12 deja a la sesión de rehén de quienes no quieren que se avance con este derecho. Ello alienta a que haya mayores presiones por parte del lobby clerical y que se introduzcan en el proyecto concesiones a la Iglesia católica, como la objeción de conciencia, que es un bloqueo en los hechos al acceso a este derecho y que el bloque del FIT rechaza de plano”, expresó la legisladora trotskista.

En este sentido, aseguró que quienes vienen trabajando este dictamen “sabemos perfectamente” cuáles son las modificaciones que requieren los diputados indecisos para poder votar a favor y “estuvimos trabajando en eso”. Por eso, sostiene que cuestiones tales como la incorporación directa o indirecta de la objeción de conciencia institucional, “no forman parte de los requerimientos de ese sector sino que es un reclamo directo del poderoso lobby empresarial católico, que desde nuestra bancada rechazamos totalmente”.

“Rechazamos tajantemente el intento de ofrecer una legislación diferencial para estas instituciones y sobre todo cuando esta legislación consiste en admitir que las mismas desatiendan la salud de las mujeres y niñas”, reiteró la diputada

Del Plá aseveró que desde su bancada sólo aceptan el proyecto de ley de la Campaña nacional por el Derecho al Aborto, o su mejoramiento a través de la creación de consejerías para acceso optativo de las mujeres o una versión más ajustada del artículo referido a los problemas del desarrollo fetal que pueden volver inviable una gestación.

“En lo referido a aquello que quedará en el Código Penal, sólo reclamamos que quede redactada en el Código una pena para el responsable de la institución que no garantice la práctica y que la responsabilidad de que esto ocurra es del propio Estado a través del Ministerio de salud. No admitimos penalidades a profesionales, porque los mismos no pueden actuar como quieren cuando están en relación de dependencia sino como su patronal se lo indica. Si un profesional hace mal su trabajo, las instituciones tienen sus mecanismos para sancionar al personal, pero la responsabilidad sobre las prestaciones que se hacen la tienen los funcionarios a cargo y los dueños de los sectores privados y no los trabajadores individuales. Bajo este criterio evitamos depender de creencias personales a la hora de atender la salud de las mujeres”, explicó detalladamente la diputada.

Finalmente indicó que “las mujeres que nos movilizamos por el ‘Ni Una Menos’ no queremos ni objeción de conciencia para no tratar la salud de las mujeres ni leyes especiales para el clero. El movimiento popular que se expresa en favor de la legalización del aborto estará presente en las calles el 13 y espera no ser estafado por el parlamento. Cientos de miles estaremos en el Congreso para que se legisle en favor de la vida, la salud, la sexualidad y la emancipación de las mujeres en nuestro país y no de las creencias y necesidades de la Iglesia Católica”.