La senadora provincial por Cambiemos Felicitas Beccar Varela presentó un proyecto de ley que propone diversas soluciones a las problemáticas que se plantean respecto de las cuotas alimentarias adeudadas con un criterio más integral que el sostenido por la normativa vigente (Ley 13074).

Al respecto manifestó: “La esencia y naturaleza del crédito alimentario que exige el mayor esfuerzo de todos en pos de procurar una mejor calidad de vida y bienestar de nuestra población y específicamente de un sector tan vulnerable como son los menores de edad”.

La senadora señaló: “Las modificaciones pretenden regular el procedimiento a seguir en el caso de atraso de las cuotas y evitar los trastornos que provoca no sólo en la familia sino en los juzgados de familia”.

Y explicó: “Además incorpora -junto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos- a los empleadores que injustificadamente incumplan con una orden judicial relacionada a la retención y depósito de recursos económicos en concepto de cuota alimentaría. Ello teniendo en cuenta que el compromiso para que se cumpla la ley (hacer efectivo el derecho alimentario) no es exclusivo de unos pocos, sino que debe ser de toda la ciudadanía en general. Para ello es que se establece que la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos pueda ser solicitada por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que posea un mero interés”.

La iniciativa, asimismo, establece claros y concretos mecanismos de control estatal y social respecto de los deberes alimentarios, desalentando y castigando su incumplimiento.

Una de las ideas rectoras que sustenta el proyecto es la que considera que toda aquella persona que puede adquirir o transferir bienes o valores se encuentra en condiciones de satisfacer el pago de la cuota alimentaria adeudada y por ello prevé distintas situaciones (créditos bancarios, compraventa, pagos judiciales, etc); como así también, establecer un plazo determinado en cuanto a la vigencia de los certificados que se expidan para que, a través del mismo, se acredite una situación personal que puede modificarse en el tiempo.

“En cuanto al tratamiento integral, a los efectos de proteger y fortalecer el derecho alimentario, se establece que los organismos provinciales, municipales o entes descentralizados exijan el certificado de libre deuda a fin de dar curso a diversos trámites, se estipula expresamente que los funcionarios públicos, magistrados, profesionales colegiados (exhortando a los respectivos colegios) y quienes aspiren a cargos electivos, deben cumplir estrictamente con ese deber”, afirmó Beccar Varela.