La discusión sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se debate actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación y en la sociedad en general, tiene como eje central si se van a ampliar derechos para las mujeres o no. Es una cuestión de salud pública: o continuamos con una práctica clandestina e ilegal, o avanzamos hacia una legal y segura.

La discusión si bien suscita debates morales, éticos y religiosos, se resume a una pregunta muy básica y primaria: ¿Es éste un problema de la política criminal? ¿Es éste un problema que debe resolverse por medio de la violencia? ¿Creemos acaso que esto se resuelve encarcelando a las mujeres y a los médicos o enfermeras que las asisten? Hay varios y extensos motivos para aceptar que no es la política criminal la respuesta más idónea a este problema. Más aun, hay un dato de la realidad incontrastable con cualquier especulación que se pueda hacer al respecto: la política criminal como respuesta es un rotundo fracaso. Según Adolfo Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación, se estima que en Argentina se practican entre 350.000 y 450.000 abortos clandestinos por año. El aborto clandestino es una realidad en nuestro país. Y eso no podemos negarlo. Como no podemos negar que en Argentina ha bajado la mortalidad infantil, pero no la mortalidad materna. ¿Acaso esto no tiene que ver con los abortos clandestinos?

Si me preguntan en lo personal, jamás me practicaría un aborto. Ahora bien, una cosa son mis creencias y otra es imponerle mis creencias a otro y convalidar una situación para que muchas mujeres, especialmente las más humildes -que no pueden pagar una práctica “segura”- mueran en el camino. Hace más de 20 años que investigo temas de género. Históricamente se ha regulado sobre los cuerpos de las mujeres. El Estado ha decidido muchas veces por sobre nosotras mismas. Estamos frente a un momento histórico de reconocimiento de derechos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo ofrece un marco legal para garantizar que las prácticas se realicen en hospitales bajo las condiciones de salubridad necesarias. La ley no obliga a nadie a realizarse un aborto. Incluso, y aunque se apruebe este proyecto de ley, es obvio que podemos continuar con nuestra postura de nunca interrumpir voluntariamente un embarazo. La ley sólo garantiza que aquéllas que quieran hacerlo puedan realizarlo en un marco de salud. El punto que hoy está en debate es si se va a continuar o no con una práctica clandestina, ilegal, que permite que algunos lucren y que condene a muchas mujeres que no tienen los recursos para pagar una clínica privada, a dejar su vida en el intento.

No se trata de ponernos de acuerdo sobre verdades que nunca develaremos, ni de hacer uso de argumentos de la ciencia que permiten fortalecer una u otra postura. No estamos discutiendo si el aborto es una práctica deseable o no, ni si es bueno o malo. Estamos debatiendo si lo mantendremos en la clandestinidad -como está hoy- o si le daremos un marco legal. Lo que aquí está verdaderamente en debate es si creemos que el problema del aborto se resuelve encarcelando a las mujeres, a los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que las asisten. Eso es lo que en el fondo se sostiene cuando se rechaza la legalización.

Durante el extenso debate en comisión algún expositor invitaba a la reflexión: “¿Qué pasa si el miércoles gana el no?” Todo queda tal como está. Le estaremos diciendo a nuestra sociedad que creemos que el aborto se resuelve con violencia. Como sucede ahora. Esperemos, especialmente por todas nosotras, que el miércoles triunfe una vez más la democracia, aquella democracia que se entiende a sí misma como el derecho a tener derechos. Deseo profundamente que el miércoles la Argentina avance hacia un debate histórico y que prontamente tengamos aborto legal, seguro y gratuito.