La sesión iniciará a las 11 y duraría 20 horas. El rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo lleva la delantera por escasa diferencia. Será clave la decisión de un grupo indecisos. Si hay empate, deberá terciar Emilio Monzó. Detalles de la que será una jornada histórica.
Por Carolina Ramos
Con una diferencia mínima de votos entre las dos posturas, la Cámara de Diputados será escenario de una de las votaciones más importantes desde el retorno a la democracia: la de la despenalización del aborto. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría este martes y llega al recinto en medio de una verdadera pelea voto a voto, donde el “no” gana por un escaso y tambaleante margen.
Hasta este martes a la noche, la iniciativa reunía 122 votos en contra y 121 a favor, de acuerdo al sondeo realizado por parlamentario.com. Restaba conocer la postura de 13 indefinidos, entre los que se encuentra ni más ni menos que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien deberá terciar en caso de empate. Una posibilidad que a cada minuto se torna menos descabellada.
Y es que la “ola verde” cobró fuerza en la previa de la sesión con siete diputados indecisos que se pronunciaron a favor: los bonaerenses Mirta Tundis, Fernando Asencio (Frente Renovador) y Fernando Espinoza (Frente para la Victoria-PJ); el cordobés Mario Negri, la chaqueña Aída Ayala, el entrerriano Atilio Benedetti y el pampeano Daniel Kroneberger, los cuatro de la UCR.
Entre los indefinidos, hay tres del bloque Justicialista con tendencia a votar en contra: los pampeanos Melina Delú y Ariel Rauschenberger, el riojano Danilo Flores y el catamarqueño Gustavo Saadi (Elijo Catamarca), que se abstendría.
La lista continúa con el formoseño Gustavo Fernández Patri (FpV-PJ), Verónica Derna y Jorge Franco -quien se ausentaría-, ambos del Frente de la Concordia Misionero. Otros indecisos son el tucumano Facundo Garretón (Pro), la formoseña Inés Lotto (FpV-PJ), la santiagueña Mirta Pastoriza (Frente Cívico), el puntano José Riccardo (UCR), el fueguino Héctor “Tito” Stefani (Pro) y por último, el propio Monzó.
La sesión está convocada para las 11 y se estima una duración de 20 horas. El debate seguirá la metodología tradicional a pesar de que atraviesa transversalmente a todos los bloques, que dieron libertad de acción. Habrá 40 minutos para la defensa de los dos dictámenes, alrededor de cuatro horas destinadas a los bloques, y 55 minutos para los cierres. En el medio, habrá que sumar cinco minutos por cada orador individual -serían más de un centenar-.
Así, el primer tramo de la sesión sería protagonizado por los presidentes de las cuatro comisiones que analizaron el tema. Daniel Lipovetzky (Legislación General) y Alejandra Martínez (Familia y Mujer) defenderían el dictamen de mayoría -a favor de la despenalización-, mientras que el rechazo sería encabezado inicialmente por Carmen Polledo (Salud) y Gabriela Burgos (Legislación Penal).
En la última reunión plenaria de comisiones, el dictamen a favor de la despenalización reunió 64 firmas contra 57 del rechazo, lo que significó un importante envión para los promotores de la ley. En el transcurso del debate, el proyecto original de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito recibió cambios para seducir a indecisos.
El punto principal, que permaneció inalterable, consiste en permitir el aborto a simple demanda hasta la semana 14, y superado ese plazo, se habilita la práctica en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Además, se incorporó la objeción de conciencia individual; se agregó la creación de consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto; y en el caso de las menores de 16 años se remite al artículo 26 del Código Civil, donde se presume que la mujer “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Otro punto importante del dictamen es que se sanciona con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obre sin consentimiento de la mujer; y con penas de entre tres meses y un año si realiza el aborto a partir de la semana 15, sin consentimiento de la gestante -salvo si se verifica alguna de las causales antes citadas-.
