El kirchnerismo y la izquierda pidieron una sesión especial para este martes y exigen al Ejecutivo que envíe el arreglo al Congreso. El bloque Justicialista pide la presencia de funcionarios y no dará quórum. Tampoco lo hará el massismo.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 50 mil millones de dólares divide a la oposición en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo, la izquierda y otros espacios pidieron una sesión especial para este martes a las 11, con el fin de exigir al Poder Ejecutivo que envíe el arreglo al Congreso. Pero el Frente Renovador y el bloque Justicialista se diferenciaron y no darán quórum.
El Frente para la Victoria-PJ y el Frente de Izquierda oficializaron este lunes el pedido de sesión, que incluye un total de 17 proyectos. Los principales consisten en solicitar al Poder Ejecutivo que remita al Congreso el acuerdo, algo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya rechazó cuando fue consultado en su última sesión informativa.
Además, el temario contiene proyectos para repudiar y rechazar las negociaciones; para citar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; para fijar un límite al endeudamiento público a través de modificaciones a la Ley de Administración Financiera y de Responsabilidad Fiscal; y para llamar a una consulta popular vinculante sobre el acuerdo con el organismo multilateral.
El pedido de sesión lleva las firmas de los kirchneristas Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez, Fernando Espinoza, Fernanda Vallejos, Mayra Mendoza, Adrián Grana y Luana Volnovich; y por la izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO). También acompañaron los monobloquistas santafesinos Alejandra Rodenas y Alejandro Ramos; el jefe del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso; y el cordobés Juan Manuel Pereyra (Concertación FORJA).
Sin embargo, la sesión se encamina al fracaso. Fuentes del massismo y del bloque Justicialista confirmaron que esos bloques no aportarán al quórum porque tienen una estrategia diferenciada: en lugar de reclamar que el Ejecutivo envíe el proyecto al Parlamento, exigen la presencia de funcionarios para que aclaren los términos del acuerdo.
En este sentido, el bloque presidido por el salteño Pablo Kosiner presentó este lunes dos pedidos para que tanto Dujovne como el director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, expliquen ante el Congreso las implicancias del crédito en materia previsional y el posible uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
“Si bien sabemos que el artículo 60 de la Ley de Administración financiera establece que es exclusiva facultad del Poder Ejecutivo Nacional la celebración de acuerdos de este tipo sin necesidad de someter al pleno del Parlamento la aprobación o rechazo del mismo, tenemos que conocer de qué se trata el acuerdo que suscribió el Gobierno y para ello pediremos la presencia de los funcionarios responsables de Hacienda y de la seguridad social al Congreso”, afirmó Kosiner.
La nota presentada por el presidente del bloque Justicialista solicita que Dujovne asista a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación. A su vez, los diputados reclamaron al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, “constituir de manera urgente” la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, para que se cite allí a Basavilbaso.
“No cabe ninguna duda que el acuerdo alcanzado con el FMI modifica de manera sustancial el estado de la deuda y, en consecuencia, resulta de sana práctica republicana que los funcionarios a cargo de dicha negociación concurran a dar las explicaciones al Congreso de la Nación”, aseguraron.
Y continuaron: “¿Nos pueden decir cuánto más desigual será la economía argentina? Nos preocupa que ni en el texto de entendimiento ni en las manifestaciones públicas de funcionarios exista una sola mención a cómo los argentinos vamos a crecer, producir y exportar más”.
Respecto al FGS, desde el bloque Justicialista remarcaron su sorpresa respecto de que “el Estado argentino, en un documento oficial, utilice el vocablo ‘incautar’ respecto a los fondos que fueron transferidos del sistema de capitalización al FGS producto de la sanción de una ley nacional y convalidada por la justicia argentina, resultando a todas luces improcedente, indignante e inaceptable”.
