Piden precisiones sobre la aplicación de la Ley Brisa en la Ciudad

La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Andrea Conde, impulsó un pedido de informes mediante el cual buscará conocer cuántos chicos pudieron acceder a la reparación económica, entre otras cuestiones.

A casi un año de la sanción de la reparación económica para niños y adolescentes victimas colaterales de femicidios, la presidenta de la Comisión de Mujer en Infancia y diputada de Unidad Ciudadana, Andrea Conde, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que la Ciudad brinde precisiones acerca de la implementación de dicha Ley.

De esta manera, la legisladora buscará conocer “la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que han accedido a la reparación económica hasta el día de la fecha” y las medidas implementadas por el Gobierno porteño para difundir información acerca de dicha reparación económica, así como también si se crearon medidas tendientes a facilitar la tramitación de la prestación.

A su vez, el Ejecutivo deberá precisar cuántos niños y jóvenes estarían en condiciones de ser beneficiarios de esa reparación. También se le pedirá que detalle “la constitución del equipo encargado de proporcionar la asistencia psicológica y/o atención médica de acuerdo a las necesidades de los niños y adolescentes” y sobre “los mecanismos y recursos asignados para el acompañamiento de las familias de las víctimas colaterales de femicidios en materia psicológica, emocional, legal y administrativa”, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, la diputada aseguró que “el femicidio es la expresión más terrible de la desigualdad y violencia que cotidianamente viven las mujeres” y remarcó que es “la más extrema de la violencia sexista, es una tipificación política que refleja una demanda histórica ante la naturalización de los asesinatos a mujeres sólo por su condición de género”.

“La sanción de la Ley Brisa es un gran avance en materia de reparación estatal. Su efectiva reglamentación y posterior aplicación son en definitiva las garantías que tienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en relación al impacto de este derecho en sus vidas”, concluyó.

La medida lleva -también- la firma de Victoria Montenegro, Leandro Santoro, Carlos Tomada (UC) y Santiago Robero (BP).

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