La Defensoría del Pueblo porteña presentó el informe “Vivir en la villa no es gratis”, en el que se difundió los resultados de un relevamiento sobre la realidad de las personas inquilinas de las villas de la Ciudad, realizado por el Consejo de Organizaciones Sociales (C.O.S) de la Defensoría del Pueblo CABA -a cargo de Roberto Baigorria-, junto al Movimiento Barrios de Pie y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi).

La encuesta se realizó entre el 12 y el 27 de marzo en seis villas de la Ciudad de Buenos Aires: Villa 31 y 31 bis de Retiro, 21-24 de Barracas, 1-11-14 de Bajo Flores, 15 -más conocida como Ciudad Oculta-, Piletones de Soldati y 20 ubicada en el barrio de Lugano-. Participaron como encuestadores alrededor de 60 vecinas y vecinos de los mismos barrios.

En ese sentido, Baigorria remarcó que “pudimos comprobar que las personas que alquilan en las villas son doblemente vulnerabilizadas” y aseguró que “los datos obtenidos en el estudio demuestran que los inquilinos, lejos se encuentran de tener privilegios, de poder vivir sin trabajar o como dicen las malas lenguas de vivir de ‘ser planeros’”.

Tal es así que el 77,6% de las personas encuestadas afirmaron pagar un alquiler de 4000 pesos – y en algunos casos de hasta 6000 pesos-; es decir el costo del alquiler superó en 22% la Canasta Básica Total y un abultado 45% más de lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de alimentación (CBA).

Sobre esa misma línea, Baigorria explicó que “esto implica que una persona que ya pertenece a un sector vulnerable tiene que elegir entre pagar el alquiler o satisfacer necesidades básicas” y afirmó que “estas familias pagan un alquiler que no es mucho menor al que se paga en algunos barrios de clase media, pero para vivir en condiciones de hacinamiento y sin contar con los mismos servicios básicos, casi no existe la conexión de gas de red, a la luz acceden mediante conexiones precarias y el acceso al agua es deficiente”.

Otro dato relevante obtenido por el informe del C.O.S fue que el 71,81% afirmó alquilar un cuarto o pieza. El informe demuestra que el crecimiento poblacional en las villas de Ciudad se canalizó hacia arriba y generó que se alquilen mayormente ambientes pequeños. Por otro lado, la dinámica de alquileres en las villas es muy diferente al resto de la ciudad: un 83,68% afirmó que realiza contratos con tan sólo “acuerdos de palabra”.

Finalmente, Baigorria concluyó que “el objetivo de este informe fue y es visibilizar las problemáticas que tienen los vecinos inquilinos en las villas, este estudio prueba que los derechos a la vivienda y a vivir dignamente están gravemente vulnerados” y sentenció que “urge la implementación de políticas públicas para que el hecho de tener que afrontar el pago de un alquiler no implique que más personas caigan en la pobreza o la indigencia. De este modo, demostramos que el dicho popular ‘en la villa se vive gratis’ es simplemente eso, un dicho”.

Por el Consejo de Organizaciones Sociales presentaron el informe: Joaquin Ferreyra Monge, Sofia Eugui Herrera. También estuvieron presentes en la mesa de trabajo: Dolores Gandulfo-Unidad de política institucional de la Defensoría del pueblo de la CABA-, Federico Berardi -Coordinación Operativa Villas acompañado por el equipo técnico de dicha dirección-. Fernando Muñoz, Defensoría del Inquilino, Walter Cordoba referente del movimiento Barrios de Pie junto a coordinadoras y coordinadores del movimiento que realizaron la encuesta, Marta Yane del Movimiento Evita – CTEP, Gervasio Muñoz, Agrupación Inquilinos Agrupados.