Cambiemos logró este miércoles el dictamen favorable del proyecto de ley de “régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”, que apunta a expropiar tierras y urbanizar barrios populares, villas y asentamientos de todo el país.

El oficialismo contó con el acompañamiento del justicialismo, el Frente Renovador y Peronismo para la Victoria -referenciado en el Movimiento Evita-. No obstante, el interbloque Argentina Federal planteó que presentará incorporaciones al texto, al igual que el Frente para la Victoria-PJ, Evolución Radical y Unidad Justicialista que firmaron en disidencia.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto, el diputado Pablo Tonelli (Pro) destacó que “hemos trabajado mucho” en la iniciativa y dio un agradecimiento especial a sus pares Felipe Solá (FR), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista) “por el empeño que han puesto en que efectivamente nos pongamos de acuerdo”.

El titular de Asuntos Constitucionales informó sobre los “poquísimos cambios” que se le insertaron a la redacción original, que fue presentada por los oficialistas Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (CC-ARI).

En ese sentido, el macrista señaló que se suprime un párrafo del artículo 8, el cual autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios, de manera que “nada pueda hacerse” sin el acuerdo de las tres partes.

También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y se estableció que se firmen “convenios específicos” para llevar adelante las regulaciones dominiales, respetando la legislación local.

Otra de las modificaciones es la que agrega la posibilidad de “promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes” y otra la de “colaborar con las autoridades locales” cuando “sea imprescindible” relocalizar a las familias debido a que ese lugar no pueda ser habitado, por ejemplo, por contaminación ambiental.

En la reunión, el kirchnerista Juan Cabandié resaltó que “este es un proyecto de regulación dominial y no de urbanización” porque “no estamos hablando de una solución habitacional concreta”, aunque reconoció que “es un avance”. El legislador apuntó que la iniciativa “ni siquiera habla de construcción, de viviendas” y establece un plazo para los desalojos (de cuatro años) “bastante bajo”.

Luego de criticar la gestión del Gobierno de la Ciudad en materia de vivienda, el diputado del FpV-PJ disparó que “no” cree “en la buena voluntad de un proyecto firmado por Negri y Massot” pero que por el trabajo de relevamiento realizado por las organizaciones sociales “es que, con dudas, muchos de mi bloque, vamos a acompañar con disidencias parciales”. No obstante, abogó por “exigir más porque esto es poco, esto suena a nada”.

Al cruce le salió la macrista Carmen Polledo, quien consideró que Cabandié está “desactualizado” porque en la Ciudad ha habido “leyes revolucionarias” en materia habitacional que, incluso, fueron votadas por su espacio político. “Ustedes durante 12 años le podrían haber dado el título”, le enrostró Álvaro González (Pro), quien destacó que el Ministerio de Educación porteño se instalará en la Villa 31 y el de Desarrollo Humano en el Elefante Blanco.