Organizaciones de derechos humanos y de consumidores reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de impulsar un anteproyecto que “restringe la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a empresas en defensa de derechos colectivos”.

Veintinueve organizaciones de la sociedad civil realizaron una presentación ante el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano para expresar su “profunda preocupación” por el contenido del borrador de proyecto de ley sobre acciones colectivas publicado por el Gobierno en la página web del programa justicia 2020, y solicitaron que no lo impulse en el Congreso Nacional. “Las acciones colectivas, son una herramienta legal reconocida en nuestra Constitución que permite defender de forma conjunta a grupos de personas afectadas por acciones ilegales del Estado o de empresas”, manifestaron al respecto.

Para las agrupaciones el anteproyecto “no sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que afectan a las personas, y en particular a los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza, limitando seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas”. En este sentido, advierten que contiene disposiciones inconstitucionales que son “un enorme retroceso” tanto en relación con legislación actualmente vigente como con la jurisprudencia. “En la práctica significa un recorte de todos los derechos consagrados constitucionalmente, cuya garantía va a encontrar nuevos obstáculos a su protección en los tribunales, y priva a los grupos en situación de vulnerabilidad de una herramienta fundamental”, fundamentaron.

Las agrupaciones advirtieron que en la comisión redactora del anteproyecto no participaron organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, el ambiente y los recursos naturales, de consumidores ni organismos públicos de defensa de derechos, como defensorías; y destacaron que es necesario que se inicie un proceso de discusión tendiente a generar acuerdos sobre la mejor forma de regular las acciones colectivas, un proyecto que tienda a ampliar su uso y eficacia, y no a restringirlas. “Ese proceso de discusión debe incluir la necesaria participación de las organizaciones de derechos humanos, representantes de usuarios y consumidores, y todas aquellas que defienden los intereses de colectivos en especial situación de vulnerabilidad, así como las personas afectadas que hayan sido o sean parte de los colectivos representados por estas acciones, ya que se trata de una herramienta clave para asegurar sus derechos”, sostuvieron.

Finalmente observaron que las inconstitucionalidades, falencias, inconsistencias y retrocesos del borrador de proyecto, en relación con las regulaciones y prácticas actuales “son tan graves e impactan de manera tan decisiva en el uso de las acciones colectivas como herramienta para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que deben bastar para su inmediato rechazo”.