El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza (FPV-PJ) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional remita a la Cámara baja diversas informaciones relacionadas con el cumplimiento de la ley 26.216 –sancionada en 2006- en lo relativo al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

En ese sentido, la iniciativa requiere al Gobierno nacional que envíe copia de los documentos previstos en el artículo 11 de la normativa en cuestión, el cual establece que la autoridad de aplicación –el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- deberá producir un informe mensual en el que conste el detalle de los materiales entregados y destruidos.

Además, solicita información sobre las campañas de difusión del Programa y consulta si se han realizado estudios sobre el conocimiento de la población respecto de su vigencia.

Finalmente, se le pide al Poder Ejecutivo que indique si ha implementado el “Premio Federal” al Municipio que reciba la mayor cantidad de armas de fuego, según lo estipulado en el artículo 10 de la ley.

En los fundamentos del proyecto, el exintendente de La Matanza remarca que la tenencia de armas ilegales plantea una problemática doble, ya que por un lado aumenta el peligro por el mal uso cuando el portador no tiene ánimo delictivo y por el otro es un elemento necesario para el ejercicio de la delincuencia.

En esa línea, subraya que el objetivo de contar con los informes mensuales que el órgano de aplicación debe realizar según la ley es dotar al Congreso de la Nación de los insumos necesarios para elaborar iniciativas que apunten a lograr la construcción de una sociedad menos violenta, a partir de un “fuerte compromiso con la erradicación de las armas ilegales y la limitación de las legales en lo razonablemente posible”.