La segunda jornada de consultas sobre la despenalización y legalización del aborto en la Cámara alta comenzó de una manera diferente. Este martes se les dieron siete minutos a cada expositor y las preguntas de los senadores se realizaron después, tal como sucedió a lo largo del debate en Diputados, pero este miércoles los legisladores intercambiaron preguntas con los oradores desde un principio.

Una de las primeras en hablar fue la médica ginecóloga María de los Ángeles Carmona, quien enfatizó en el tema de la objeción de conciencia establecido en el proyecto. Además de sostener que “no podríamos estar dando respuesta a esta ley con la cantidad de médicos que contamos hoy”, al referirse a que en las guardias generalmente no hay médicos ginecólogos, afirmó que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”.

“La objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable”, señaló la representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que además remarcó “la lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos”, en alusión al registro donde los profesionales de la salud deberían inscribirse.

Al cruce de la doctora salió el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, quien se convirtió en una de las caras del Senado a favor de la iniciativa, al considerar que “la ley se queda corta” sobre la objeción de conciencia. “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, lanzó.

Para el titular del bloque Justicialista hay una “dramatización de esta cuestión” y aunque reconoció que “es un tema para profundizar”, los médicos actualmente “muchas veces con este argumento dejan en indefensión a chicas víctimas de violación”. El rionegrino agregó también que el Estado “debe tener una mirada más amplia y humana”.

Luego de Pichetto salió a opinar el formoseño José Mayans, férreo opositor al proyecto y sentado al lado de su jefe. “Yo disiento con el presidente del bloque”, comenzó el justicialista, que subrayó: “Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado”.

“El tema acá es desde cuándo es la vida. Desde la concepción es la vida; la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, no existe en Argentina la pena de muerte”, expresó el senador.

Y continuó: “Porque acá somos más benignos con delincuentes y criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente, ¿la solución cuál es? Se le mata”. “Yo sostengo que el Estado no puede obligar a matar a nadie”, sentenció y añadió que en la Cámara baja la media sanción “salió con votos a favor forzados”, al tiempo que dijo que “es inaplicable”.