Además, el diputado solicitó que se investigue si el tema de los supuestos aportantes falsos a la campaña de Cambiemos tuvo que ver con el traspaso de la base de datos a la Jefatura de Gabinete.
El diputado nacional por el FpV-PJ Rodolfo Tailhade pidió este viernes en los tribunales de Comodoro Py la reapertura de la causa por tráfico de datos de la Anses que había sido cerrada en 2016 por el juez Ariel Lijo, a solicitud del fiscal Guillermo Marijuan, y además solicitó al juez Sebastián Casanello que investigue si el presunto lavado de dinero realizado a través de aportantes falsos en la última campaña electoral de Cambiemos tuvo su origen en el traspaso de la base de datos de la Anses a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Tailhade realizó el pedido al juez Lijo en base a una investigación del periodista Juan Amorín, que da cuenta de que la alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada. Al día de hoy hay relevados más de 800 casos, y la información sobre los beneficiarios de planes sociales se encuentra en la base de datos de la Anses.
“Existen elementos suficientes para presumir que la base de datos de la Anses, oportunamente cedida al ámbito del jefe de Gabinete de la Nación, fue utilizada fraudulentamente con el objeto de obtener información detallada y actualizada de ciudadanos argentinos, convirtiéndolos posteriormente en aportantes de campaña”, sostiene el legislador por la provincia de Buenos Aires.
Los funcionarios denunciados son el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
Asimismo, Tailhade le solicitó al juez Casanello que investigue “si efectivamente la información utilizada para obtener falsos aportantes tuvo su origen en la base de datos de la Anses, y se indague respecto de la participación criminal” de Peña, Basavilbaso, Grecco y Braun.
En julio de 2016 el diputado había denunciado penalmente que la decisión de traspasar la base de datos de la Anses al ámbito de la Jefatura de Gabinetes de Ministros encubría fines ilícitos como los que hoy surgen de las investigaciones periodísticas.
