Luego de una reunión con fuertes contrapuntos entre senadores y oradores invitados a exponer sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se desarrolló este miércoles una nueva y extensa jornada de debate en el Salón Illia de la Cámara alta.

Primer orador del día, el médico Juan Escobar advirtió que “el embarazo y el parto en niñas y adolescentes jóvenes tiene peores resultados maternos y neonatales comparados con mujeres de mayor edad”.

“Obligar a una niña adolescente, que no ha terminado de crecer, a llevar a término un embarazo forzado o no deseado es una violación de sus derechos humanos equivalente a la tortura o trato cruel”, sostuvo el coordinador del programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.

Escobar, a favor de la media sanción de Diputados, agregó que “como varón, incapaz de gestar y por tanto de abortar, quiero interpelar a los otros varones: senadores, jueces, médicos, padres, hijos. Es fundamental hacer evidente el papel del machismo y la misoginia en las acciones de oposición a este proyecto de ley, que emprenden muchos hombres desde lo político-público hasta lo cotidiano-personal”.

“No hemos tratado de imponer nada a nadie, si yo hubiera tratado de imponer, mi hija de 13 años no usaría el pañuelo verde como lo usa”, salió a responder el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), mientras que el formoseño José Mayans (Justicialista), cruzó al funcionario y le dijo: “No creo que el Gobierno piense que los que estamos a favor de las dos vidas seamos machistas, misóginos. Me parece que están demás esos calificativos”.

En contra de la iniciativa, la médica Bárbara Finn sostuvo que “uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tienen derecho a decidir sobre nuestro cuerpo pero, como mujer y médica, mi planteo es que no es solo mi cuerpo: es el cuerpo de otro genéticamente diferente, no es un órgano, es otro ser”.

Además, la doctora se refirió a los abortos “inducidos” ocurridos en España donde nace un niño con síndrome de Down cada 1.200, mientras que “hace 10 años” nacía uno cada 670 bebés. Sobre este punto, al momento de las preguntas, la kirchnerista Nancy González señaló que “el proyecto en ningún momento avala los abortos por síndrome de Down” y que incluso se modificó el inciso que generaba controversia en cuanto a las causales permitidas, pero Finn explicó que “la translucencia nucal se hace entre la semana 9 y 12, con lo cual la mujer se va a enterar y va a poder elegir libremente hasta la semana 14”.

Por su parte, el filósofo José Quarracino denunció que “una de las principales organizaciones internacionales que invirtió fondos para la campaña de aborto legal, seguro y gratuito, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, tiene problemas en Estados Unidos porque se descubrió que tienen una industria montada sobre restos fetales abortados”.

Seguidamente, el miembro de la organización Pro-Vida aseguró que los argumentos para aprobar la ley son “los mismos que el poder financiero mundial para empezar a controlar el crecimiento poblacional en el mundo”, y que tiene como uno de sus “ideólogos” a John Rockefeller III. Y fue más allá en su discurso al decir que el esquema de la objeción de conciencia para médicos pero no para instituciones fue “creado” por “Adolfo Hitler”.

“Si esto es así, como usted plantea, que hay un gran negocio, ¿no cree que es más conveniente para ese submundo, si es que existe, mantener todo esto en la ilegalidad y no visibilizarlo y ponerlo en el marco de la salud pública?”, lo consultó el chubutense Alfredo Luenzo. Pero Quarracino no respondió concretamente y, entre otras cosas, enfatizó que “la familia Rockefeller es la dueña de nuestro país, es la dueña de nuestra economía; […] ellos necesitan que no crezca población en el mundo”.

A su turno, Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebró que “hemos logrado lo que se llama la despenalización social del aborto, porque ahora se habla en todos lados” sobre esta problemática. Aunque admitió que es “distinta” al proyecto presentado por la Campaña, la dirigente consideró que la media sanción de Diputados “da una respuesta razonable al grave problema de salud pública que significan los abortos ilegales y clandestinos”.

Martino agregó que solamente sancionar la despenalización de la práctica, “no resuelve el problema” y subrayó que “toda ley es perfectible. Algunas cosas se pueden modificar en la reglamentación”. Por ello, dijo que introducirle cambios en el Senado, provocando así que vuelva a la cámara de origen, “implicarían dilatar la consagración de un derecho que creemos urgente”.