Un nuevo documento del “GPS del Estado”, la plataforma de la fundación CIPPEC que analiza la evolución del sector público nacional, muestra que los funcionarios “de carrera” del Poder Ejecutivo nacional (directores nacionales o generales) pierden calidad. A fines de 2017 solo el 2% de los directivos públicos era designado por concurso (y formaban parte de la planta permanente), mientras que en 2015 ese porcentaje alcanzaba el 6%.

Entre 2015 y 2017, los directivos públicos que cumplían con los requisitos para acceder a cargos jerárquicos se redujeron de 32% a 18%. Además, mientras que en 2015 el 72% de los directores nacionales y generales eran profesionales, en 2017 solo el 66% lo eran. Por otra parte, el 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9% del total de directivos públicos continuaba en su cargo. “Con la alta rotación y un régimen de designación transitoria, el espacio directivo deja de actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, se interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal”, destaca Gonzalo Diéguez, director del programa de Gestión Pública de CIPPEC y coautor del “GPS del Estado”.

“Las capacidades del personal, y en particular de los directores nacionales y generales de la administración central, son decisivas para la efectividad de las políticas públicas”, enfatiza Diéguez, quien además advierte que “los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del espacio directivo en el Estado nacional son escasos”.

Este deterioro del espacio directivo contrasta con la expansión de la estructura del sector público nacional desde 2015. A partir de la actual gestión, el gabinete alcanzó un máximo histórico y se ubicó entre los más numerosos de América Latina. Esto implicó la creación de nuevas secretarías y subsecretarías (elevando el número total a 85 y 207, respectivamente), lo que representó un incremento del 25% en el total de cargos políticos de autoridades superiores (es decir, ministros, secretarios y subsecretarios) entre 2015 y 2017.

Pero la mayor cantidad de directores no se tradujo en un fortalecimiento del gerenciamiento de las políticas públicas. “El bajo cumplimiento de los requisitos para desempeñarse en el cargo y la reducción en la participación de profesionales atentaron contra las capacidades para gestionar estratégica y operativamente el accionar estatal. En otras palabras, el fortalecimiento de la Alta Dirección Pública sigue siendo una cuenta pendiente. A su vez, las capacidades de aprendizaje institucional y de memoria institucional fueron erosionadas por la modalidad de designación transitoria y la alta rotación”, concluye Diéguez.

Los cargos políticos: ¿caen o se reconvierten?

Los empleados jerárquicos del Poder Ejecutivo pueden ser “de carrera” (la llamada Alta Dirección Pública) o políticos. A su vez, estos últimos pueden clasificarse en autoridades superiores (ministros, secretarios y subsecretarios) y extraescalafonarios (funcionarios de rango similar al de las autoridades superiores pero que no forman parte de la estructura formal).

Este año, con el decreto 174, cayeron 76% los cargos políticos, aunque muchos exfuncionarios fueron recontratados. Los cargos políticos extraescalafonarios pasaron de 3.252 a 590 puestos entre diciembre de 2017 y marzo de este año (es decir, cayeron 82%). Pero se usaron mecanismos (las Unidades Retributivas y las Unidades de Proyectos Especiales) que permitieron recontratar a los funcionarios despedidos. En tanto, la cantidad de autoridades superiores solo cayó 15% en ese lapso.

“Esta reingeniería organizacional generó mecanismos de compensación que buscaron atenuar los costos políticos. Hubo un notable crecimiento en los recursos presupuestarios con que los ministros cuentan para asignar discrecionalmente al personal organizacional”, concluye Diéguez.