Los tres senadores por Córdoba firmarán un dictamen propio con modificaciones al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo. Si bien están abiertamente a favor de la despenalización del aborto, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, del Pro, y Carlos Caserio, del bloque Justicialista, trabajaron en equipo para materializar en un texto propio una serie de cambios.

En el dictamen que firmarán el próximo 1 de agosto -al que buscarán sumar más adhesiones-, los cordobeses proponen que el aborto no sea punible hasta la semana 12 de gestación, en lugar de las 14 semanas contempladas en la media sanción. Se mantienen las otras tres causales -violación; riesgo para la vida o la salud de la mujer; o inviabilidad de la vida extrauterina del feto-.

Por otra parte, se elimina el artículo 2 del proyecto aprobado, que reprime con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena al médico que obstaculice un aborto o se niegue a realizarlo. Ese artículo de la media sanción contempla además un agravante si el resultado es un perjuicio para la salud de la gestante.

Asimismo, los senadores cordobeses pretenden endurecer las penas para los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que practiquen un aborto o colaboren a causarlo en los casos que sí son punibles con el consentimiento de la mujer.

Otra modificación a destacar es la introducción del derecho a la objeción de conciencia institucional, ya que el proyecto avalado en la Cámara baja sólo prevé la objeción de conciencia de carácter individual, para los médicos que se opongan a realizar un aborto por sus creencias, previa inscripción en un Registro de Objetores.

Puntualmente, el pre-dictamen dice que “las instituciones de salud privadas podrán formular su objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual deberán previamente informar al Ministerio de Salud de la Nación tal circunstancia a los efectos de que quede registrada tal decisión y en consecuencia queden exentas de la aplicación de las sanciones contenidas en la presente ley”.

Rodríguez Machado, Martínez y Caserio también quieren que el Estado produzca el Misoprostol, utilizado en la mayoría de las ocasiones: “El Estado Nacional deberá contemplar la producción de las monodrogas necesarias que se aplican en los casos de interrupción voluntaria de embarazos, para garantizar su abastecimiento en todos las instituciones públicas de salud del país”.

Se crea además, en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación en articulación con el Consejo Federal de Salud, el “Programa de Asistencia a los Servicios Públicos de Salud” en todo el país, financiado por una partida presupuestaria específica, para cumplir con los objetivos de la ley.