Desde la oposición ya anticiparon cuestionamientos al proyecto que el Ejecutivo mandó el viernes a la Cámara de Diputados. El escándalo de los aportantes truchos oficia de contrapeso.
Nada se le presenta sencillo al Gobierno en el Congreso. Ni siquiera un proyecto como el que pidió Mauricio Macri el miércoles pasado durante la conferencia de prensa que brindó en Olivos, como respuesta al escándalo que estalló en la provincia de Buenos Aires, donde suman cientos los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos.
“Queda claro que tenemos que dar un paso más. Ya lo hemos debatido y espero que se materialice en el Congreso una nueva ley”, señaló el presidente, que reconoció el tema como “algo pendiente”. En rigor, en el Ministerio del Interior se venía trabajando sobre el tema desde hace más de un año, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, concurrió incluso al Parlamento para hablar sobre la cuestión.
La coyuntura obligó a apurar los tiempos y ya el jueves se difundió un borrador del proyecto de ley, que entró al día siguiente a la Cámara de Diputados, donde se plantea la bancarización de los aportes, la legalización de las contribuciones de empresas -con un tope- y mayores controles para evitar lavado de dinero.
Sin embargo el proyecto ya despertó resistencia en la oposición.
La jefa del bloque massista de la Cámara baja, Graciela Camaño, calificó sin vueltas al proyecto como “muy malo”. Y teñido de política como está el tema a partir de surgir tras la difusión de datos sobre las irregularidades en la recolección de fondos en la campaña 2017 bonaerense del oficialismo, la diputada interpretó la presentación de esa iniciativa como una maniobra para “resolver el problema que tiene Cambiemos en la Justicia”.
“Es lavado de dinero, tema en el que son expertos”, expresó Camaño ante el diario Clarín, donde calificó a los oficialistas como “inmorales”.
Con ese nivel de resistencia, queda demostrado que el proyecto encontrará no poca resistencia de parte de la oposición. La jefa del massismo en Diputados explicitó las críticas en el aporte de empresas, especificado en el proyecto como donaciones de personas jurídicas. Para ella “no deben aportar porque genera compromiso”.
Agregó que en el texto conocido el viernes pasado “ni siquiera hay límites para las que dependen del Estado”. ¿Qué cambios presentará la oposición? Sugerirán crear un fondo común para aportes privados, que luego se reparta entre todos los partidos.
“Que no nos metan a todos en la misma bolsa”, se defendió de paso cuando le preguntaron sobre la aparición de empleados públicos del municipio tigrense entre los aportantes a la campaña.
En el peronismo que responde a los gobernadores también se vislumbran cuestionamientos. El salteño Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal advirtió que no quiere que el debate sirva para tapar responsabilidades de la denuncia de los aportantes falsos de Cambiemos, y si bien aclaró que todavía en el bloque no han debatido el texto presentado por el Gobierno, puso reparos sobre los aportes de las donaciones de empresas. “Darle preminencia al financiamiento privado puede ser peligroso”, deslizó.
Es también el cuestionamiento que elevará el kirchnerismo, que ya de por sí buscará hacerse un banquete con la cuestión, en busca de salpicar lo máximo posible a la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero en cuanto al texto en sí, recordemos que la semana pasada Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para “democratizar” el financiamiento de los partidos políticos, con “una participación más activa del Estado”, en el que prohíbe el aporte de empresas.
El debate está abierto, y el Gobierno pretende que se de en el Congreso en la segunda parte de este año, pero como se ve, no será un trámite sencillo para el oficialismo.
